La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha estimado el recurso de la Fiscalía contra el archivo decretado por la jueza María Núñez sobre la pieza separada del caso ERE relativa a las ayudas a Azucareras Reunidas Jaén, que anula por segunda vez al indicar que debe declarar una testigo prevista.

Núñez archivó esta pieza, por primera vez, en octubre de 2016 y la Audiencia le ordenó reabrirla al considerar su decisión "apresurada y precipitada" al haberse apenas iniciado la investigación judicial, y el 14 de febrero de 2018 volvió a archivarla, al no ver ilícito penal en los empresarios y representantes sindicales que negociaron las prejubilaciones subvencionadas por la Junta con 1,3 millones.

Confirmó el sobreseimiento el 2 de mayo al rechazar el recurso de reforma presentado por el Ministerio Público, que apeló a la Audiencia.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la Sección Séptima de la Audiencia indica que en su recurso de apelación la Fiscalía incurre en un defecto de forma ya que pide anular el sobreseimiento provisional de la causa "pero no se indica qué se solicita que acuerde este tribunal ni contra qué personas entiende la Fiscalía Anticorrupción deba dirigirse el procedimiento".

Por ello, limita su decisión a los argumentos del recurso de reforma contra la decisión de Núñez de archivar la causa sin practicar la prueba testifical que la propia jueza acordó pero no entra en la exclusión de determinadas personas de esta pieza.

En esta pieza, progresivamente, han sido excluidos los cargos públicos que intervinieron en la concesión y gestión de esta ayuda como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá y los sucesivos directores de trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez (por ser ya juzgados en la pieza política), su sucesor Daniel Rivera (por considerar Núñez que se limitó a asumir pagos comprometidos previamente), así como el exdirectivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín (su exclusión fue revocada el 13 de julio).

La Audiencia indica que la Fiscalía "tiene razón" al señalar que la declaración como testigo de Carmen Sotoca Santos, señalada para el 8 de marzo, fue suspendida con posterioridad tanto a la clausura provisional de la instrucción como a la presentación en el juzgado del recurso de reforma.

Una actuación de la jueza que califica de "poco comprensible" por "confusa", ya que fue la propia Núñez quien acordó esta prueba "por estimarla necesaria para el esclarecimiento de los hechos y sin practicarla ni suspenderla" archivó la causa.

Fue tras el recurso del fiscal cuando en una providencia del 2 de marzo acordó suspender la declaración de la testigo.

Por ello, la Audiencia estima el recurso fiscal contra el archivo de esta pieza "con el único objeto admisible, esto es, para que se practique la diligencia testifical en cuestión".