CRISIS CATALUÑA

Audiencia Tarragona ordena reabrir un caso de lesiones por las cargas del 1-O

La Audiencia de Tarragona ha ordenado reabrir un caso de lesiones por las cargas del 1-O, denunciadas por un vecino de Sarral y archivadas casi inmediatamente por el juzgado número 2 de Valls (Tarragona).,El auto, al que ha tenido acceso Efe, da la razón a la defensa del denunciante, que invocaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y apelaba a la falta de motivación debidamente justificada del archivo.,Así, la Audiencia decreta que la jueza debe toma

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1' Actualizado 17:26

La Audiencia de Tarragona ha ordenado reabrir un caso de lesiones por las cargas del 1-O, denunciadas por un vecino de Sarral y archivadas casi inmediatamente por el juzgado número 2 de Valls (Tarragona).

El auto, al que ha tenido acceso Efe, da la razón a la defensa del denunciante, que invocaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y apelaba a la falta de motivación debidamente justificada del archivo.

Así, la Audiencia decreta que la jueza debe tomar declaración al vecino agredido, examinar el informe médico de las lesiones, requerir las grabaciones que puedan existir de las cargas policiales de ese día y, si está justificado, identificar y citar al autor de las lesiones.

La magistrada, recuerda la Audiencia, archivó el caso al no quedar debidamente justificada la autoría de las lesiones y de que la víctima tardó más de 24 horas en acudir a un centro de atención primaria.

Sin embargo, la Audiencia considera que "a partir de los datos aportados en la denuncia, sí existe una posibilidad razonable de identificar al agente denunciado".

También cuestiona el archivo del caso "sin hacer una mínima actuación investigadora que permita confirmar provisionalmente los hechos o descartar la verosimilitud".

El auto invoca el Convenio Europeo de los Derechos Humanos para señalar la "obligación" que "incumbe al Estado de investigar" los hechos "en que puedan estar implicados sus agentes y que puedan menoscabar física o moralmente a los ciudadanos".

Esta "obligación", concluye la Audiencia, también la recoge abundante jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y del Constitucional español.

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