La Audiencia de Alicante ha recibido hoy el sumario sobre las presuntas irregularidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina, por las que están acusados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, el empresario Enrique Ortiz y otros seis implicados.

El registro de la institución provincial deberá ahora asignar el enjuiciamiento de esta causa por supuesta corrupción, que comenzó a ser investigada hace una década, aproximadamente, por una de sus secciones penales.

Los tomos de este procedimiento abreviado, que constituye una ramificación del llamado 'caso Brugal', han sido trasladados a primera hora de la tarde por dos furgonetas de la Conselleria de Justicia desde el Juzgado de Instrucción 5 de Alicante.

Su titular, Manrique Tejada, abrió juicio oral el pasado mes de febrero contra los nueve procesados y fijó para ellos una fianza civil conjunta de 1,3 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente 10 años de prisión para Castedo y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo PGOU de la ciudad de Alicante.

El ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y reclama para el propio promotor 8 años de prisión.

El fiscal, Felipe Briones, sostiene que los exalcaldes aceptaron entre 2008 y 2010 diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales.

Junto a los políticos y el empresario se sentarán en el banquillo de los acusados un hermano de Castedo (José Luis), su socio en un bufete de abogados, Javier Gutiérrez, un hermano de Ortiz (Virgilio) y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.