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JUSTICIA PROCÉS

La Audiencia permite a los taxistas ejercer la acusación contra David Madí

La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a que la Asociación Profesional Élite Taxi ejerza la acusación popular en la causa abierta al empresario y excargo de CDC David Madí por supuesto tráfico de influencias en el negocio de las licencias de vehículos con conductor (VTC).,En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección 21º de la Audiencia de Barcelona acepta la personación de los taxistas -a la que se opuso tanto la Fiscalía como la defensa del propio David Madí

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:57

La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a que la Asociación Profesional Élite Taxi ejerza la acusación popular en la causa abierta al empresario y excargo de CDC David Madí por supuesto tráfico de influencias en el negocio de las licencias de vehículos con conductor (VTC).

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección 21º de la Audiencia de Barcelona acepta la personación de los taxistas -a la que se opuso tanto la Fiscalía como la defensa del propio David Madí-, a condición de que presten la fianza que les fije el juez instructor.

El auto recuerda que Élite Taxi "tiene como uno de sus fines esenciales la defensa de los derechos e intereses del sector de los taxistas, tanto ante las administraciones públicas como ante los tribunales, siendo el sector de la VTC su principal competencia de mercado".

Para la sala, es "evidente" que existe un "interés público" para que la asociación de taxistas se persone en la causa, puesto que en la misma "se está instruyendo un posible delito de tráfico de influencias que podría haber beneficiado al sector VTC, en perjuicio de los intereses de los taxistas".

En el marco de la operación Volhov sobre supuesto desvío de fondos al procés, la Guardia Civil sostiene en un informe que Madí participó "activamente" junto a un socio en el intento de reactivar las licencias de los vehículos con conductor, hasta el punto de que se entrevistó el 25 de noviembre de 2019 con el exconseller de Territorio Damià Calvet (JxCAT) y su equipo, aunque el negocio finalmente no prosperó, según el instituto armado.

La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de precontratación con 15 minutos de antelación, por lo que quiso convencer a Calvet y a otros tres cargos de su Departamento para que "legislasen a su favor".

Además del negocio de las VTC, el excargo de CDC, quien que formó parte del estado mayor que organizó el 1-O, es investigado en el "caso Volhov" por utilizar sus contactos políticos para proyectos relacionados con los test de coronavirus y con el mercado del agua.

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