La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez del "caso Volhov" que justifique las diligencias que ha acordado en la nueva línea de investigación abierta a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, por los viajes que hizo al extranjero entre los años 2015 y 2018.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la nueva batería de diligencias ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sobre Alay, a quien informes de inteligencia europeos y de la Guardia Civil relacionan con contactos en Rusia, en el marco del procés.

En concreto, el juez pidió a la Diputación de Barcelona que detallara los viajes de Alay al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando ocupó un cargo en la corporación provincial, y ordenó a la Guardia Civil una investigación patrimonial del jefe de la oficina de Puigdemont.

La sala rechaza que la investigación sea prospectiva, como alegaba la Fiscalía para pedir su archivo, pero admite que en la resolución del juez no se han puesto de manifiesto "las sospechas sólidas que justifiquen la pertinencia y necesidad de aquellas diligencias".

En consecuencia, anula las diligencias acordadas y ordena al juez dictar una nueva resolución en la que las justifique, pero no en base a los "resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido" mientras se tramitaba el recurso de la Fiscalía.

Las nuevas diligencias derivan de un informe de la Guardia Civil que mantiene que Jordi Castells, actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, incrementó su patrimonio en 300.000 euros cuando fue director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, en la etapa de CiU, por pagos que podrían proceder de entidades proveedoras de la corporación provincial.

El juez razona en su auto que Alay sucedió a Castells en su cargo y que bajo su mandato se finalizaron varios de los expedientes de proyectos de cooperación internacional que están siendo investigados por supuesto desvío de fondos a fundaciones afines a CDC, trama que dio pie a las intervenciones telefónicas que después derivaron en el "caso Volhov".

Según la Audiencia, la resolución del juez "no especifica de qué expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva línea de investigación" contra Alay, mientras que la motivación "resulta concisa y escueta".

En ese sentido, recuerda la sala que estas diligencias se sitúan "en el marco de un proceso penal que se abrió hace seis años por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas".

"En consecuencia, la resolución exigía un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa del investigado, explicar las razones y conexión de esta nueva línea de investigación y evitar cualquier atisbo de nulidad", añade el auto.