La Audiencia Nacional está dando un nuevo impulso a la investigación del asesinato del político de UCD José Ignacio Ustarán a manos de ETA en el año 1980. Una rueda de reconocimiento es la posibilidad que plantean ahora los investigadores para que sea su viuda, testigo de lo ocurrido, la que intente arrojar algo de luz sobre la identidad de los asesinos.

Ustarán fue tiroteado después de que tres etarras entraran en su casa de Vitoria mientras la familia celebraba el cumpleaños de uno de los cuatro hijos del matrimonio. Tras amenazarles y cortar los cables del teléfono de la vivienda, los pistoleros se llevaron al político y unas horas después la Policía informó de que su cadáver había sido localizado dentro de su coche.

El caso llegó a la Audiencia Nacional, pero se archivó en poco tiempo al no haberse encontrado pruebas. Ahora, el de Ustarán es uno de los 20 asesinatos de ETA sin resolver cuya investigación ha reabierto la Fiscalía con independencia de su posible prescripción.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el pasado octubre el Juzgado Central de Instrucción número 1 que dirige Santiago Pedraz solicitó a la Guardia Civil un informe de inteligencia que contenga un listado de los etarras que alrededor de 1980 formaron parte del comando que actuaba en Vitoria.

Se da la circunstancia de que quien llamó a la puerta de la casa de Ustarán fue una mujer y, según las fuentes consultadas, en aquellos años no había muchas mujeres que ejercieran como pistoleras de ETA. Por tanto, este puede ser un posible hilo del que tirar de cara a la rueda de reconocimiento en sede policial con fotografías para ver si la viuda del político es capaz de reconocer a alguno de los responsables.

Cuando ocurrieron los hechos, la Policía ya mostró a la viuda y los hijos del político fotografías de etarras fichados, si bien en aquel momento no reconocieron a ninguno como posibles responsables del asesinato.

Por otro lado, el juzgado también ha solicitado a la esposa de Ustarán que le facilite todas las cartas anónimas con amenazas que había recibido el político en los meses previos a su asesinato, si bien la familia no ha guardado ninguna.

PIDIERON CITAR A ANTIGUOS MIEMBROS DE EUSKADIKO EZKERRA

La viuda y los hijos del político de UCD también pidieron al juez Pedraz la citación en calidad de testigos de antiguos miembros de Euskadiko Ezkerra, el partido en el que se integraron a principios de los ochenta más de un centenar de terroristas de ETA Político-militar. Sin embargo, esta opción ha sido descartada por el momento.

Lo que sí ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional es declarar compleja esta causa, por lo que la instrucción se ha ampliado hasta los 18 meses, han indicado las fuentes consultadas.

De momento, esta es la línea de investigación por la que han optado los investigadores, ya que las pruebas físicas recogidas en 1980 no han podido arrojar más luz para esclarecer el caso o se han extraviado con el paso de los años.

Y es que en el coche en el que apareció el cadáver de Ustarán los investigadores encontraron sangre de otra persona, pero entonces no se pudo identificar a ningún sospechoso. Esa noche, además, se informó de que un hombre herido entró en un club de alterne de Vitoria para curarse una herida y apoyó la mano en un tocadiscos, donde quedó una muestra de sangre.

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Aunque se comprobó que las dos muestras pertenecían al mismo grupo sanguíneo, no se pudo avanzar en la investigación porque en aquella época no se realizaban pruebas de ADN. Y años después, la prueba de sangre obtenida en el club de alterne se ha perdido.

"DERECHO A LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS"

En todo caso, se encontrara lo que se encontrara, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el caso de José Ignacio Ustarán ya ha prescrito, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional se comprometió a agotar todas las vías de investigación para tratar de identificar a los responsables de atentados de ETA que aún están sin resolver.

"Hay un derecho a la verdad de las víctimas", afirmó el fiscal coordinador de los crímenes sin resolver, Marcelo Azcárraga, en entrevista con Europa Press el verano pasado. "Forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que, si bien no puede ser totalmente desarrollado merced al obstáculo de la prescripción, en la parte que se refiere al conocimiento de la verdad no puede ser limitado", remarcó.