La Audiencia Nacional estudia este lunes si extradita a Venezuela a la que fuera enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada por presuntos delitos de blanqueo de capitales y que fue detenida en Madrid el pasado 25 de abril.

La enfermera fue arrestada junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismo delitos, si bien la vista de mañana ante la sección tercera de lo Penal se celebrará solo para decidir sobre la extradición de ella.

La detención les condujo a ser puestos al día siguiente a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que tras tomarles declaración les dejó en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid mientras se decidía sobre su entrega.

A raíz del arresto de estos dos colaboradores de Chávez, su abogado emitió un comunicado en el que atribuía la reclamación de Venezuela a la búsqueda de "chivos expiatorios" por parte del régimen "para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo".

"Llevan años perseguidos por el régimen venezolano" y "han visto a familiares detenidos sin cargos y sin la habilidad de consultar abogados o acceder a un debido proceso legal", lamentaba el letrado.

Tanto Díaz Guillén como Velásquez Figueroa están señalados en la investigación de los "papeles de Panamá" por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada, según informó en Twitter el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, el pasado 10 de abril.

Esta misma investigación ubica a la pareja como personas muy cercanas a la primera magistratura, a ella como enferma de Chávez y extesorera de la nación y a su esposo como jefe de seguridad del fallecido jefe de Estado.

En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana realizó allanamientos a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento "se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela".