El Congreso convalida el decreto del Gobierno que permite esta inversión y que beneficia también a las entidades locales

Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco podrán invertir este año el superávit que obtuvieron en 2018, que entre todas ellas suma 1.670 millones de euros, lo mismo que podrán hacer también las entidades locales. La ejecución de estas inversiones podrá prolongarse además hasta 2020.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes para prolongar el permiso a las comunidades autónomas y entidades locales para dedicar el superávit de 2018 a inversiones financieramente sostenibles, siempre que cumplan determinadas condiciones. Esa posibilidad estaba prevista en los Presupuestos del Estado del año pasado y queda así prorrogada un ejercicio más. El decreto ha sido refrendado con el único voto en contra del PP.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la iniciativa ante la Diputación Permanente. Ha explicado que esas cinco comunidades autónomas cumplen con los objetivos de estabilidad, con la regla de gasto y tienen remanente de tesorería, como se les exige para acogerse a esta previsión, pero ha apuntado que deberán además cumplir con el periodo medio de pago a sus proveedores, dato que todavía no se conoce.

Si finalmente cumplen con esta última exigencia, podrán invertir 1.670 millones con lo que se multiplicará la inversión del año pasado. En 2018 fueron sólo tres las autonomías que pudieron abordar inversiones de este tipo: Canarias, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, que invirtieron en total 161,26 millones de euros de superávit.

Con respecto al destino de esos fondos, Montero ha explicado que mayoritariamente se dedicaron a tecnología sanitaria, inversión ferroviaria, dotación para la formación profesional, obras hidráulicas, pavimentación o alumbrado.

1.258 MILLONES DE INVERSIÓN LOCAL EN 2018

En cuanto a los ayuntamientos, el año pasado fueron 1.232 entidades locales las que realizaron inversiones financieramente sostenibles dentro de los límites que plantea Hacienda, entre ellas, 18 diputaciones provinciales y ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Vigo, Valladolid, L'Hospitalet, Alicante, Salamanca o Santander.

Invirtieron en total 1.258 millones de euros, un 37,9% más que en 2017; casi la mitad de esa ejecución sin embargo correspondía a inversiones que procedían de 2016 y la otra mitad, de 2017. Respecto al destino del dinero, se dedicó sobre todo a gestión del patrimonio, vías públicas, transporte de viajeros, carreteras, parques y jardines.

María Jesús Montero ha defendido la importancia de permitir estas inversiones porque lo demandan todas las entidades locales y bastantes comunidades "sin distinción de color político". Ha recordado que son proyectos que supervisa en cualquier caso el Ministerio de Hacienda para que cumplan con las exigencias previas.

FUNCIONARIOS EN ENTIDADES MENORES

Por otro lado, el decreto convalidado por el Congreso incluye otra medida que afecta a los ayuntamientos. La legislación establece que sólo los funcionarios con habilitación nacional pueden encargarse del asesoramiento legal y el control económico financiero, presupuestario y contable de los pequeños pueblos inferiores al municipio.

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Esta exigencia hace que estos funcionarios en algunas localidades tengan que encargarse de más de 40 entidades menores además de la suya, lo que es "imposible", ha dicho Montero.

Con este decreto, esas labores podrán ejercerlas también otros funcionarios de la corporación, los servicios de asistencia de la Diputación Provincial o "cualquier otra persona con capacitación suficiente". Las corporaciones que surjan de las próximas elecciones municipales de mayo podrán aprovechar ya esta novedad.