Tres de las cuatro asociaciones judiciales han arremetido duramente contra la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "deja todo en manos del Gobierno" y "politiza aun más la elección de su vocales", aunque una de ellas ve legitimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP.

Dos son las polémicas en torno a la iniciativa parlamentaria que levantan ampollas en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda con más peso; y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI).

Una de fondo, que es la opción de permitir a las cámaras que puedan elegir a los 12 vocales que les corresponden con mayoría absoluta, si fracasa una primera votación para tener mayoría de tres quintos; y otra de forma, ya que se trata de una proposición de ley, no de un proyecto de ley, de manera que se omiten los informes preceptivos de CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

La APM opina que, pese a la parálisis actual, "un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria.

No culpa al PP del bloqueo sino a todos los partidos, a quienes piden que se pongan de acuerdo sobre la ley actual, ya que "la propuesta cuestiona aun más la separación de poderes y atenta contra el Estado de derecho" al "saltarse todos los trámites para ver si en dos meses se saca una reforma de este calado".

Ante esta situación, avisan de que "usaran todos los mecanismos legales" contra su puesta en marcha en caso de que llegue a aprobarse.

La Asociación Francisco de Vitoria la tacha de "atentado, despropósito y disparate", porque va en la dirección contraria a lo que demanda el Consejo de Europa, que es dejar en manos de los jueces la elección de los 12 vocales de las Cortes. "Esta propuesta, lejos de reducir peso político en la designación, lo incrementa y además de manera peligrosa", afirman desde esta asociación.

Advierten que "si la mayoría absoluta es la que sustenta al gobierno parlamentariamente, al final esto se traduce en que el Gobierno nombra a quien quiere, porque controla la mayoría", es decir, "ya no es que el (poder) legislativo interfiera, sino que ahora lo hace el Ejecutivo" lo que a su juicio es "un desastre".

"Somos muy críticos, porque la reforma actual supone que cualquier partido con mayoría absoluta puede controlar el órgano de gobierno de los jueces", señala a Efe el Foro Judicial Independiente, que incluso van más allá al "dudar de la constitucionalidad" de la reforma.

Así, afirma que "oír los informes", preceptivos pero no vinculantes de otros órganos, "fortalecería nuestra estructura democrática y serviría para escuchar lo que el propio poder judicial tiene que decir" respecto de una reforma que les afecta de lleno.

Al margen de las críticas se sitúa la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera "legítimo" que "se busque una alternativa parlamentaria" cuando "existe un partido que bloquea indefinidamente las instituciones".

"El PP tiene que comprender que hay que renovar las instituciones dentro de los plazos legales, no se puede decir no quiero renovar esta institución"; por eso, PSOE y Unidas Podemos, que sustentan el Gobierno, "están en su derecho de hacer propuestas legislativas".

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Y sobre la ausencia de informes, recuerda que "la vía de la proposición de ley es legal" y, además, "implica una mayor rapidez" para que el Consejo se renueve cuanto antes.