La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha dicho que "la obligatoriedad de cumplir sentencias no excluye a ningún ciudadano por ser político", en referencia a la ejecución de la condena al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por agredir a un policía.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidió este jueves una aclaración al Tribunal Supremo, ante las demandas de Podemos y un informe jurídico de la Cámara Baja, sobre la inhabilitación de Alberto Rodríguez después del requerimiento que le había remitido dicho órgano judicial para que le comunicara la fecha en la que se le retiraría el acta de diputado.

Este viernes el alto tribunal ha respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados que ya dejó claro a la defensa de Alberto Rodríguez que no había errores en la sentencia y que procede la inhabilitación porque así lo exige la ley cuando se impone una pena de prisión.

El Tribunal Supremo condenado a un mes y quince días de prisión -que sustituyó por una multa de 540 euros- a Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad por dar una patada a un policía nacional en una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).

En declaraciones a Efe María Jesús del Barco entiende que no hay un rifirrafe entre el Supremo y el Congreso y ha recordado que "el poder judicial en este país se ha mantenido siempre respetuoso con la separación de poderes y sobre todo sin crear ningún conflicto ni querer someter a ningún pulso a otro poder del Estado".

"Lo que es evidente es que la obligatoriedad en el cumplimiento de todas las sentencias no excluye a ningún ciudadano por ser político ni a ninguna institución, se cumplen por todos", ha concluido María Jesús del Barco. EFE

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