Una juez de Barcelona ha archivado la causa a dos mandos de la Policía Nacional por el despliegue ante la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017, coincidiendo con el registro en la consellería de Economía, al entender que su actuación fue "proporcionada y ajustada" y que no incurrieron en coacciones.

Así lo sostiene la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona en un auto, en que acuerda el sobreseimiento de la causa que mandó reabrir la Audiencia de Barcelona en enero de 2019, un mes antes de que comparecieran como investigados el jefe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona y el responsable que dirigió el operativo del cuerpo el 20S.

De acuerdo con la juez, la actuación de ambos comisarios fue "proporcionada y ajustada" ante "la presencia masiva de personas", que se congregaron frente a la sede de la CUP "para impedir, precisamente, la actuación de los agentes" y fue llevaba a cabo "en el legítimo ejercicio de las funciones que como Policía Judicial tenían expresamente encomendadas".

La magistrada recuerda de este modo que la actuación de la Policía Nacional, que permaneció cerca de seis horas a las puertas de la sede de la formación, estaba amparada por la orden de la Fiscalía Superior de Cataluña, que instó a la policía a "adoptar las medidas necesarias" para impedir el referéndum ilegal del 1-O.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por la formación anticapitalista contra el despliegue de más de un centenar de policías nacionales ante su sede en Barcelona y que consideraba que podía encajar en un delito de coacciones.

En cambio, según el escrito, no existen indicios de dicho ilícito porque no se produjo "ninguna actuación obstativa o impositiva" por parte de los agentes del CNP, que "evitaron una mayor alteración del orden público" y "se limitaron a permanecer en el exterior de la sede de la CUP tras intervenir en la vía pública material propagandístico" relacionado con el referéndum.

La juez descarta también que la actuación de los Mossos d'Esquadra o de la Guardia Urbana de Barcelona, que acudieron como refuerzo, "estuviera dirigida a compeler la voluntad de los militantes o empleados de la CUP" y destaca que no se ha identificado "a persona alguna a quien le fuera expresamente impedido el acceso a la salida en cualquiera de los locales".

"Si bien es cierto que los primeros agentes actuantes, vistiendo de paisano, permanecieron en el exterior de los locales de la CUP, ninguno de ellos impidió u obstaculizó la entrada o la salida a los mismos, limitándose a asegurar el material incautado mientras esperaban las órdenes de sus superiores", resalta.

La magistrada señala que tampoco consta que algún policía "intentara, siquiera, acceder al local en contra de la voluntad de los representantes de la CUP" o bien llevara a cabo actuaciones "contra las personas que se hallaban en el interior de sus locales ni de las más de 2.000 personas que llegaron a congregarse en el exterior".

La concentración ante la sede de los anticapitalistas coincidió con el registro al Departamento de Economía por los preparativos del referéndum aunque, tras seis horas, la Policía Nacional acabó retirándose sin entrar en el local y habiéndose limitado solo a requisar material de propaganda a militantes que lo estaban cargando en un vehículo.

Un dispositivo que propició que la CUP interpusiera su denuncia, archivada por la juez de instrucción y reabierta a petición de la formación por la Audiencia de Barcelona, que solicitó a la magistrada practicar varias diligencias "absolutamente necesarias".