El vicepresidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, ha asegurado que en el juicio a los líderes del "procés" ha quedado "acreditado en forma clara" que "no ha habido rebelión, ni sedición, ni malversación" y que ha sido una "causa política que perseguía un programa electoral".

En declaraciones ante los medios antes de entrar a la sede del Tribunal Supremo, acompañado por el portavoz del grupo Republicano, Gabriel Rufián, Aragonés ha dicho que hoy "es el fin de un juicio después de muchos días de prisión preventiva injusta e injustificada", que ha calificado de "cumplimiento anticipado de pena".

El también miembro de la Ejecutiva de ERC ha acusado a la Fiscalía de crear "un relato artificial que no refleja lo que ha pasado en Cataluña" y ha añadido que los políticos independentistas juzgados seguían "un mandato democrático".

"Desde Esquerra Republicana sólo esperamos una absolución y la inmediata puesta en libertad de los compañeros", ha enfatizado, además de cuestionar que los jueces "han limitado la capacidad de acción de las defensas" durante el proceso.

Ha aseverado que sea cual sea el fallo, continuarán "la batalla en los tribunales de derechos humanos y de ámbito europeo".

Previamente y también en declaraciones antes de entrar a la sala del Supremo, el teniente de alcalde de Barcelona en funciones, Jaume Asens, que ha venido a presenciar la jornada de alegatos en representación de En Comú Podem, ha considerado que se trata de un juicio "que nunca debió haberse hecho, porque se trataba de un conflicto político".

"Hoy se cierra una etapa que será un antes y un después en Cataluña", ha señalado y ha calificado como "una ofensa" que la Fiscalía haga "una asociación de la movilización del referendo del 1 de octubre con un golpe de Estado".

Asens ha reclamado al Supremo "una sentencia justa" que vaya "en la dirección de lo que ya han dicho los tribunales europeos".

También ha hecho declaraciones el abogado de la acusación popular y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha expresado su "satisfacción del deber cumplido".

"Ha sido un proceso muy largo, de muchos meses de acopio probatorio. Creemos que la sala penal tiene elementos más que suficientes para dictar sentencias condenatorias conforme a estos gravísimos delitos, los peores que se pueden cometer en un Estado de derecho, la rebelión y la secesión", ha enfatizado.