La Audiencia Nacional ha aplazado al miércoles el juicio a Allal El Mourabit previsto para hoy, en el que este acusado se volverá a sentar en el banquillo tras ser condenado previamente a 3 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y por intentar trasladarse a zona terrorista para combatir.

La Fiscalía pide para el acusado cinco años de prisión por un delito de autoadoctrinamiento por usar presuntamente las redes sociales tras salir de la cárcel para consumir y difundir contenido yihadista.

El tribunal tenía previsto celebrar el juicio este martes, si bien finalmente ha tenido que ser pospuesto a mañana, según informan a Efe fuentes jurídicas.

El acusado fue detenido en julio de 2019 en el camión en el que vivía en las afueras de Pamplona, meses después de salir de prisión el 15 de noviembre de 2018.

Su primera detención se produjo en noviembre de 2016 en Irún y, aunque la Fiscalía pidió que fuera condenado a más de diez años de prisión, la Audiencia le impuso una pena de tres años, por lo que quedó en libertad por el tiempo de condena que había descontado en preventiva.

Tras su salida de prisión, El Mourabit, "como experto en el uso de redes sociales" siguió empleándolas para "consumir y difundir publicaciones de contenido salafista yihadista, contenido idóneo para incitar a la incorporación a la organización terrorista del Estado Islámico", según la Fiscalía.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, esos mensajes tenían la finalidad de "adoctrinarse para incorporarse a realizar la yihad y adoctrinar a nuevos integrantes, así como para entrar en contacto con individuos ubicados en zonas de conflicto, con el objetivo de integrarse en alguno de los grupos terroristas que operan Siria".

Los investigadores localizaron cinco cuentas en redes sociales y un canal de YouTube en los que difundía ese tipo de material.

El Mourabit, que en su anterior juicio se defendió con alusiones a las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta y diez años de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en centros docentes.