El Juzgado de lo Social 21 de Madrid ha aplazado, al no haber acudido una de las partes convocadas, el juicio que tenía previsto celebrar este miércoles contra Metro y varias empresas de seguridad por presunta falta de equipos para los vigilantes, a raíz de una denuncia del sindicato Alternativa Sindical.

Además la juez estima que en el proceso deben estar personados los sindicatos mayoritarios del sector de la seguridad privada: UGT, Comisiones Obreras y USO, han precisado a Efe fuentes jurídicas.

Se trata del juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo el pasado mes de mayo tras el recurso interpuesto por Alternativa Sindical contra la decisión del juzgado de absolver a la dirección de Metro Madrid y a varias empresas encargadas de la seguridad en el suburbano.

En la primera sentencia del Juzgado de lo Social número 21 de Madrid, de 16 de octubre de 2019, la jueza denegó la capacidad del sindicato para demandar a varias empresas por "falta de legimitaciuón activa" por carecer de representatividad o implantación suficiente en algunas de esas empresas.

Sin embargo, en la sentencia del TSJM estimó el recurso interpuesto por Alternativa Sindical y declaró la nulidad de las actuaciones, ordenando repetir el juicio y practicar las pruebas necesarias para acreditar la legitimación activa de dicho sindicato para poder formar parte del proceso.

Alternativa Sindical demandó a las empresas Metro Madrid, Trablisa, Ilunión Seguridad, Segurisa Servicios Integrales de Seguridad y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), -este último servicio público al estar la empresa demandada Ombuds en administración concursal-, para que dotara a todos los vigilantes de seguridad de guantes anti-corte y chalecos anti-trauma y pinchazo de modo permanente, y a que se pongan a su disposición los medios necesarios y equipos de protección individual (EPI).

Este miércoles también se ha conocido la sentencia referida a otra denuncia interpuesta por Alternativa Sindical relacionada con vigilantes de Metro de Madrid: el proceso contra la dirección del suburbano y la firma Ombuds por el impago de varias nóminas a unos 500 trabajadores de esa firma tras su quiebra que suman unos dos millones de euros.

El Juzgado de lo Social 27 de Madrid ha absuelto a los demandados al entender que, en contra de lo que planteaba el sindicato denunciante, no se trata de un conflicto colectivo, según el fallo al que ha tenido acceso Efe.

El juez no resuelve sobre la cuestión de fondo al estimar que "se trata de un conflicto de naturaleza económica y no jurídica, de modo que no puede calificarse de conflicto colectivo".

El letrado de Alternativa Sindical, Roberto Mangas, ha adelantado a Efe que recurrirá esta decisión porque entiende que sí se trata de un conflicto colectivo, y subraya que esa sentencia les da la razón en parte, ya que se traduce que los trabajadores tienen que cobrar las cantidades adeudadas. EFE