La fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido al tribunal que juzgará el presunto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de Alicante que mantenga la confesión del principal empresario beneficiado, Enrique Ortiz, porque su conformidad de los delitos por la que aceptaba dos años de cárcel fue ratificada en sede judicial y es "irrevocable".

En caso contrario y que el tribunal de la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante acepte la retractación de la confesión de Ortiz y de otros dos acusados (su hermano Virgilio y su colaborador Santiago Bernálbez), Anticorrupción solicita aplazar la vista oral, que está previsto que arranque mañana.

La rama del PGOU dentro del denominado caso Brugal es el mayor juicio por supuesta corrupción urbanística en la ciudad de Alicante donde, además de Ortiz y esos colaboradores, serán juzgados entre otros los ex alcaldes de la ciudad Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, para los que se piden 10 años de prisión.

Ortiz alcanzó un pacto de conformidad el pasado 9 de abril en el que aceptaba el escrito de acusación de la fiscalía y confesaba haber facilitado prebendas a los dos expolíticos a cambio de una pena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 1,6 millones, con lo que eludía el ingreso en prisión.

Esa conformidad fue ratificada el día 22 de ese mes en sede judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia.

Sin embargo, a principios de junio se conoció la sentencia de otra de las piezas separadas del Brugal, la relativa a las basuras de Orihuela, donde se exculpó a todos los acusados (34) por la invalidez parcial de las grabaciones policiales, que dieron pie tanto a esa rama como a la del PGOU.

Poco después, el pasado 23 de junio, Ortiz notificó al tribunal su intención de no ratificar ese acuerdo de abril mediante un nuevo escrito por el que se retractaba de su confesión y se reafirmaba en la petición de absolución.

Hicieron lo mismo Virgilio Ortiz y Bernálbez, a quienes se cree colaboradores en la consecución de los delitos en la medida en que habrían participado en las entregas de las dádivas a los exalcaldes.

Las defensas de Ortiz, su hermano Virgilio y Bernálbez consideran que la conformidad alcanzada en abril carece de relevancia si no es ratificada durante el juicio oral.

Pero esta postura no es compartida por Anticorrupción, que señala que los tres acusados no exponen motivo o explicación alguna para el cambio de actitud y que su conformidad alcanzada el 9 de abril fue ratificada el día 22 ante el Letrado de la Administración de Justicia, lo que ven inamovible salvo que concurriera algún "vicio" en el proceso de consentimiento, una posibilidad que en los escritos de las defensas no se alega.

De esta manera, la fiscalía determina que la conformidad es "irrevocable" porque no está "condicionada a ningún otro trámite", y que durante el juicio oral no hay lugar para ninguna ratificación de la misma, por lo que solo quedaría pendiente una sentencia para ellos con respecto a los hechos que han reconocido y la pena aceptada.

Anticorrupción argumenta, incluso, que el juicio se celebra porque hay más acusados que no han expresado su conformidad ya que si solo fueran enjuiciados estos tres, no sería precisa la vista oral y únicamente se estaría a espera de la sentencia.

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La pieza separada del PGOU es el mayor juicio de supuesta corrupción urbanística en Alicante y, si no hay aplazamiento de última hora, arranca marcado por la limitación de aforo en la vista por la covid-19 (coronavirus) y también por la referida reciente anulación de las escuchas en la pieza separada del Brugal de las basuras de Orihuela.EFE