El Parlamento de Andalucía ha aprobado sin votos en contra la ley contra el fraude y la corrupción, que incluye la creación de una oficina anticorrupción y protege especialmente a la persona denunciante, para lo que se ha contado con el apoyo de PP, Cs y Vox, y la abstención de PSOE y Adelante Andalucía.

El vicepresidente y consejero de Regeneración, Juan Marín, ha señalado que se trata de un proyecto de ley que tiene "una historia de 6 años", ya que "no se pudo o no se quiso" aprobar en la anterior legislatura, en la que Cs pactó la oficina antifraude con el PSOE.

De hecho, la no creación de esa oficina fue una de las razones que esgrimió Ciudadanos, dentro de un paquete de regeneración democrática, para oficializar la ruptura con el PSOE de Susana Díaz, gobierno al que apoyaba parlamentariamente hasta 2018.

"Ahora este Gobierno de PP y Cs lo ha traído porque aprobar una ley contra la corrupción política en Andalucía es pedirle perdón a miles de andaluces que han perdido muchas oportunidades durante años", ha declarado Marín.

La ley, que ha cosechado las críticas de PSOE y Adelante durante el debate, contempla la creación de una oficina adscrita al Parlamento, que estará integrada por funcionarios y dirigida por una persona "de prestigio" nombrada por "mayoría cualificada" en la Cámara.

La oficina servirá de "canal" de denuncia a los andaluces, con especial protección a los empleados públicos, a los que garantizará la confidencialidad, asesoramiento jurídico y psicológico, y le dará la posibilidad de solicitar un traslado de su puesto a otro similar.

Las coacciones a los denunciantes y personal de la oficina, así como la obstrucción a su labor, será sancionado con multas de entre 300 y 100.000 euros, mientras que si hay indicios de delito se pondrá en conocimiento de la justicia.

El texto también modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos para impedir que sean titulares o autorizados en cuentas en paraísos fiscales y para apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza.

El socialista Manuel Jiménez Barrios ha calificado la ley como "una oportunidad perdida" porque, aunque el PSOE "no está en contra" la norma "es muy mala, es una chapuza legislativa" en la que se han rechazado todas las enmiendas de su grupo, poniendo como ejemplo que el Parlamento no puede sancionar porque es el poder legislativo.

La diputada del PP Rosalía Espinosa ha asegurado que el Gobierno de coalición quiere "sacar de lo público a las personas corruptas, caiga quien caiga y cueste lo que cueste", algo que los partidos de izquierda no han hecho "aunque han tenido casi cuarenta años".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, cuyo partido ha incorporado más de 25 enmiendas, ha opinado que la ley se ha mejorado "considerablemente" en el trámite parlamentario y ha señalado que "no es discutible que Andalucía ha sido la región más perjudicada por esta lacra", aunque merece ser "una tierra limpia, que dé ejemplo de transparencia y legalidad".

La posición contraria la ha expuesto el diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada, quien ha dicho que "ha empeorado" en el trámite parlamentario porque "no hubo negociación con el resto". EFE

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