La mayoría de los grupos del Senado ha dado hoy su visto bueno a la ampliación de los plazos máximos de instrucción de las causas penales para evitar que determinados procesos lleguen a archivarse por no contar con tiempo suficiente para investigarlos.

Con la votación de los senadores que se materializará mañana miércoles quedará aprobada definitivamente la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que introdujo el PP en 2015 y que, en opinión de la mayoría de los grupos, generó espacios de impunidad al provocar el cierre en falso de causas complejas de corrupción.

Aunque en un principio Podemos presentó una iniciativa para derogar por completo los plazos de instrucción, medida que también había prometido el PSOE, finalmente en la negociación parlamentaria se ha optado por ampliarlos de seis a doce meses, con la posibilidad de que el juez acuerde prórrogas por periodos iguales o inferiores.

Las peticiones de derogar los plazos máximos de instrucción, lideradas por jueces y fiscales, cobraron fuerza al cerrarse diversas causas de corrupción hace un par de años, como la que permitió librarse de juicio al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por el caso Pasarelas.

Mañana, casi cinco años después de su entrada en vigor, el Senado dará el visto bueno definitivo al cambio legal de ese artículo tras superar el veto del PP, contrario a tramitar por la vía de urgencia esta norma, "un nuevo parche", dado que se ha anunciado una reforma íntegra de la ley antes de final de año.

Sobre el fondo del asunto, el senador del PP Fernando de Rosa ha recordado las promesas del PSOE de derogar la norma, cuando al final ha optado por mantener los plazos de instrucción, lo que a su juicio implica entender que se trata de un norma lógica y correcta.

Pero la modificación ha obtenido un respaldo mayoritario por parte del PSOE, Ciudadanos y la mayor parte de las formaciones nacionalistas representadas en la cámara, muchas de las cuales han recordado el caso de Pedro Antonio Sánchez.

El socialista José María Oleaga ha resumido en dos las opciones en esta cuestión: estar del lado del estado de derecho o del lado de la impunidad. Y ha lamentado que el PP no se haya sumado a lo que ha calificado de "gran acuerdo contra la corrupción".

Su compañero Francisco Manuel Fajardo ha confiado en que este cambio será "la primera piedra" para reformar el "decimonónico" proceso penal español y, más allá, para alcanzar un pacto por la justicia, como se hizo en 2001.

"El PP está abierto a cualquier pacto en materia de Justicia", ha respondido el senador del PP, quien ha invitado al PSOE, PNV, Ciudadanos o ERC a sentarse a pactar medidas que mejoren el funcionamiento de la justicia. EFE