JUICIO ALSASUA

Amnistía cree que se debe retirar acusación por terrorismo en juicio Alsasua

Madrid, 13 abr (EFE).- Amnistía Internacional ha subrayado hoy que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en Alsasua (Navarra), hechos que juzgará la Audiencia Nacional a partir del lunes, no es terrorismo y que, por tanto, la Fiscalía debería retirar la acusación por este delito.,Los ocho acusados por esta agresión se enfrentan a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión por delitos de terrorismo o, en su caso, a una pena subsidiaria de entre 12 y 30 años

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 14:05

Amnistía Internacional ha subrayado hoy que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en Alsasua (Navarra), hechos que juzgará la Audiencia Nacional a partir del lunes, no es terrorismo y que, por tanto, la Fiscalía debería retirar la acusación por este delito.

Los ocho acusados por esta agresión se enfrentan a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión por delitos de terrorismo o, en su caso, a una pena subsidiaria de entre 12 y 30 años de cárcel.

Sin embargo, Amnistía, que asistirá como observadora al juicio, cree que estos hechos no son constitutivos de ningún delito de terrorismo y, por tanto, no deberían ser juzgados por la Audiencia Nacional.

Según informa la organización en un comunicado, su director, Esteban Beltrán, sostiene que "este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo".

Coincide con él la responsable de Política Interior, Virginia Álvarez, a quien le "preocupa" que la "definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista".

Según Amnistía, el artículo 573 del Código Penal incluye un catálogo de "delitos de gravedad dispar" que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como "alterar gravemente la paz pública" o "desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones".

Precisamente en estos últimos argumentos -entre otros- se basó la Fiscalía para investigar por terrorismo a la activista de los CDR detenida por los sabotajes de Semana Santa, que salió ayer en libertad al imputarle el juez desórdenes públicos.

Además, Amnistía alerta de que las autoridades españolas siguen vulnerando sus obligaciones internacionales con los derechos humanos en relación a las medidas adoptadas en la lucha antiterrorista.

La organización cuestiona que a una de las acusadas, Ainara Urquijo, se le atribuya un delito de amenazas terroristas, "basado únicamente en frases proferidas como 'esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis'". El fiscal pide para ella 12 años y medio, la pena más baja.

Y denuncia que tres acusados sigan en prisión preventiva desde noviembre de 2016, cuando ésta debe ser "una medida excepcional".

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