El primo del Rey emérito, Álvaro de Orleans Borbón, declaró este lunes en calidad de testigo ante el equipo de fiscales del Tribunal Supremo que investiga posibles delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I una vez perdió la inviolabilidad de la que disfrutaba como jefe del Estado.

Fue citado en relación con los pagos que la fundación a su nombre Zagatka pudo realizar para viajes del rey emérito que fueron objeto de su segunda regularización fiscal.

Fuentes del entorno del aristócrata consultadas por Europa Press se limitan a señalar que la declaración se produjo este lunes ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por videoconferencia desde Mónaco. Ha declarado como testigo, es decir, sin asistencia letrada, y "con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de algunos de los hechos que investiga la autoridad española".

Sobre los detalles de lo trasladado en sede fiscal y los hechos que se investigan, "Don Álvaro de Orleans-Borbón no hará declaraciones por respeto y apoyo a las autoridades", añaden las mismas fuentes.

A principios de este mes, el primo del rey emérito emitió un comunicado en el que sí aportó contenido, pues negaba ser el "testaferro" o "fiduciario" de Don Juan Carlos y rechazaba que Zagatka sea una sociedad pantalla. Añadía esta Fundación no está siendo objeto de "ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país".

El primo del Rey emérito realizó estas afirmaciones tras la regularización voluntaria llevada a cabo por Don Juan Carlos en relación con los vuelos que le financió la Fundación Zagatka por unos 8 millones de euros y por la que ha pagado casi 4,4 millones de euros a Hacienda.

Según expuso, la Fundación Zagatka se constituyó con el objetivo de "gestionar a nivel administrativo y financiero una parte del patrimonio de D. Álvaro y al mismo tiempo materializar su ayuda a la Casa Real española, como parte del legado transmitido por su padre, S.A.R D. Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, y su abuelo, el Infante D. Alfonso de Orleans y Borbón, específicamente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, Rey en el momento de la creación de la misma".

Por este motivo, alegaba que parte del objetivo de la Fundación, fruto del compromiso heredado de su padre y su abuelo, ha sido el de poner "voluntariamente" a disposición del Rey Don Juan Carlos "ayuda financiera" para la atención de gastos de viaje.

También rechazaba que se hubiera producido contradicción entre la versión ofrecida por Álvaro de Orleans-Borbón y la regularización llevada a cabo por el Rey emérito, aunque no da más datos al respecto. Los Técnicos de Hacienda apuntaban como contradicción, en un comunicado reciente a raíz de la regularización de Don Juan Carlos, el hecho de que, en la comisión rogatoria del 16 de agosto de 2019, el fiscal suizo relatara que el primo del Rey había declarado que le había financiado viajes por valor de 3 millones de euros.

Además, la Asociación de Técnicos de Hacienda recordaban que en esa misma comisión rogatoria se exponía que Álvaro de Orleans había reclamado al Rey parte del importe de los viajes al conocer que los había realizado la entonces amante del ex monarca Corinna Larsen, ya que esta persona no era de su agrado. Tras lo cual y por mediación de Dante Canónica, le fueron ingresados 2,86 millones de euros el 4 de enero de 2011 a la cuenta de la Fundación Zagatka.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, afirmó recientemente en sede parlamentaria que ha sido gracias a las pesquisas de la Fiscalía del Tribunal Supremo al rey emérito que en menos de dos meses "ha aflorado una cantidad importante e inimaginable al principio de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, cinco millones y pico de euros, que es de todos los españoles".

Con la citada cantidad se refería a las dos regularizaciones en Hacienda realizadas hasta el momento por Juan Carlos I, por un total de 678.393,72 y 4.395.901,96 euros, respectivamente. La primera de ellas no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que también está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.