El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al Gobierno central un "mecanismo de compensación" para los ayuntamientos por la devolución del impuesto de plusvalía, tras la nueva regulación que el Ejecutivo puso en marcha "sin contar" con los municipios y cuya constitucionalidad el regidor ha puesto en duda por hacerse mediante un real decreto-ley.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, defenderá mañana en el pleno municipal una proposición para instar al Gobierno, entre otras cosas, a que "aumente la participación en los tributos estatales que gravan las plusvalías en los bienes inmuebles (IRPF/IRNR/IS); y que con cargo al presupuesto del Estado, se compense a los entes locales por las devoluciones que han de realizar a consecuencia de los fallos del Tribunal Constitucional y la pérdida de recaudación ocasionada por el necesario cambio normativo".

Preguntado este lunes por si se plantean estas compensaciones como Gobierno, Almeida ha contestado, en la inauguración del parque de La Gavia en Villa de Vallecas: "Sí, sí, nosotros le reclamamos al Gobierno de la nación que haya un mecanismo de compensación como consecuencia de la plusvalía".

Tras recordar que la sentencia del Constitucional "ha costado" al Ayuntamiento aproximadamente 200 millones de euros, ha pedido una compensación más allá de la regulación llevada a cabo por el Gobierno, para la cual "no han contado con los ayuntamientos" y que "presenta serias dudas de constitucionalidad por la forma que se hizo" a través de un real decreto-ley.

"Desde luego le pedimos al Gobierno de la nación que haya una compensación a los ayuntamientos y que por tanto entiendan que el sistema de financiación local es fundamental que esté íntegro para poder acometer los servicios públicos, las infraestructuras necesarias, en una ciudad como Madrid", ha apostillado el regidor y portavoz del PP nacional.

El Consejo de Ministros aprobó a principios de noviembre el real decreto-ley para adaptar el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y permitir a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie. EFE

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