El Patronato del Real Alcázar de Sevilla ha emitido este martes un informe favorable sobre la propuesta de modificación de sus estatutos con la que se adecua su máximo órgano de decisión, ahora el Patronato, a la normativa sobre la representación institucional dentro de los organismos autónomos locales y se apuesta, además, por "una mayor profesionalización en la gestión".

En esta reunión, tal como informa el Ayuntamiento hispalense en un comunicado, se ha acordado, asimismo, iniciar una ronda de conversaciones con los grupos políticos de la corporación municipal antes de que la propuesta definitiva sea elevada al Pleno del Consistorio.

En concreto, la modificación planteada viene impuesta por la necesidad de adecuar el propio estatuto del Real Alcázar de Sevilla al régimen jurídico aplicable a los organismos autónomos locales determinados por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que denomina a estos organismos autónomos como agencias públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Teniendo en cuenta este marco jurídico, los órganos de gobierno del Real Alcázar, (Consejo Rector y Comisión Ejecutiva) deben asumir "el principio de representatividad de la corporación municipal, es decir, representantes elegidos democráticamente en las elecciones al Ayuntamiento de Sevilla".

Esta es precisamente la composición que tendría el nuevo Consejo Rector del Real Alcázar. La intención es que sus actuales miembros pasen a conformar un Consejo Consultivo que habrá de pronunciarse preceptivamente sobre cuestiones de capital importancia para la gestión del recinto palaciego, entre ellos el anteproyecto de presupuestos, las estrategias de gestión, uso y conservación del Real Alcázar, los planes de conservación y restauración, el plan director o la programación cultural. Se trata, pues, de un Consejo Consultivo que se le atribuye el máximo de facultades que permite la ley en cuanto a este tipo de órganos, puesto que determinará la política cultural, presupuestaria y de conservación del monumento.

Junto con estos órganos, se apuesta por la profesionalización de la gestión del día a día otorgándose poderes ejecutivos al alcaide --hasta ahora sólo representativos--, creándose para ello la figura de una gerencia con competencias propias de gestión administrativa, económica y de recursos humanos y gestándose una dirección general específica de conservación, con plenas competencias en materia de patrimonio cultural y conservación. En suma, se separa la gestión administrativa de la estrictamente patrimonial, ahora en unas únicas manos.

"La gestión del Real Alcázar en 1995, cuando se aprobaron los vigentes estatutos, nada tiene que ver con la actual. Entonces, el monumento era visitado por 780.000 personas, mientras que en 2019 fueron 2,1 millones. Las actividades culturales, además, se han multiplicado hasta el punto de convertir al monumento en pieza fundamental de la agenda cultural de nuestra ciudad. La estructura planteada nos permitiría una gestión más adecuada a los nuevos tiempos, caminar hacia la sostenibilidad e imprimir mayor agilidad a la hora de afrontar las intervenciones de conservación y restauración, a imagen y semejanza de la gestión de otros grandes monumentos, como la Alhambra de Granada", según ha explicado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Por último, Muñoz ha aclarado que los patronos actuales, "que han realizado una magnífica aportación al Real Alcázar y, además, en unos difíciles momentos por la pandemia de la Covid-19, que ha obligado a sostener a pulmón la apertura del monumento", formarán parte del Consejo Consultivo, que "ha de ser oído preceptivamente en asuntos claves".