Agentes de todos los cuerpos policiales, desde guardias civiles a policías nacionales, autonómicos y locales, salen este sábado a la calle en Madrid para protestar contra la reforma que plantea el Gobierno de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, en una manifestación a la que se han sumado PP, Vox y Ciudadanos.

Pese a las discrepancias iniciales entre sindicatos y asociaciones, finalmente todos los colectivos representativos de las fuerzas de seguridad del Estado han decidido acudir a la marcha auspiciada por Jusapol, la asociación nacida en 2018 y de la que surgieron Jupol y Jucil, las dos organizaciones actualmente con más representación en los consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.

Bajo el lema "No a la inseguridad en España", la manifestación partirá en torno a las 11;30 horas de la Puerta del Sol y culminará ante el Ministerio del Interior, situado en el número 5 del paseo de la Castellana, junto a la plaza de Colón.

A la protesta, en la que se prevé una asistencia notable de agentes, se sumarán, tal y como han anunciado, los líderes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo hace semanas que participaría en la manifestación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó el pasado lunes en Mérida que el PP trate de "patrimonializar" y "politizar" a las fuerzas de seguridad formadas por profesionales que han hecho de los cuerpos policiales las instituciones mejor valoradas. "Esa imagen se debe también a su neutralidad, que debería ser preservada por todos", avisó.

En la protesta de este sábado, que se espera masiva, se repetirán los reproches que los agentes lanzaron este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno contra los cambios que PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, vigente desde julio de 2015 y que fue aprobada con los votos del PP, que contaba con mayoría absoluta en el Congreso.

Fundamentalmente, las organizaciones sindicales, que llaman a la movilización de los agentes y de toda la ciudadanía, consideran que la futura ley dejará "indefensos" a los policías y con menor seguridad jurídica sus actuaciones.