La mayoría de asociaciones de guardias civiles advierten a los partidos que algunos de los cambios que se están planteando a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, aumentarán la inseguridad jurídica porque los preceptos son inconcretos, al tiempo que dejarán a los agentes más indefensos.

Es una de las conclusiones que ha trasladado el vicepresidente de la Unión de Oficiales, Javier Montes, en nombre de la mayoría de asociaciones de guardias civiles, a los diputados en la primera sesión de comparecencias de la ponencia de la comisión de Interior del Congreso que estudia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015.

Montes ha apelado a "una profunda reflexión" sobre la actual norma que afecta a la seguridad de todos los ciudadanos y ha alertado de que una ley de este calado "debe aportar seguridad jurídica y concreción" en sus términos para evitar largos procesos judiciales para resolver "a posteriori" esas ambigüedades.

Como ejemplo, el representante de las asociaciones de guaridas civiles ha citado la propuesta de que los cacheos corporales fuera de dependencias policiales solo se realicen "cuando exista urgencia y riesgo inminente para los agentes", una condición, en opinión de Montes, muy subjetiva y que supondrá indefensión.

"A cualquiera se le ponen los pelos de punta si se llega a incorporar esta modificación. Cómo deberíamos actuar ante la sospecha de un yihadista, hay que esperar a llegar a dependencias policiales", ha preguntado a los grupos parlamentarios antes de recordar que este planteamiento que "va más allá" de la reciente instrucción dictada por la Secretaría de Estado.

También con "preocupación, indignación y rabia" han recibido la propuesta de que se elimine el artículo que sanciona el uso no autorizado de imágenes de agentes, un apartado que se incluyó como demanda de las fuerzas de seguridad.

Las asociaciones ven además una "barbaridad" la iniciativa de que las identificaciones en la calle sean comunicadas de inmediato a las autoridades judiciales y fiscales, pues conllevará una enorme carga "burocrática" para los agentes, sin olvidar aumentar aún más "el colapso" de los juzgados.

Tampoco Montes ve bien las supresiones propuestas de algunas infracciones contempladas en la ley como los vehículos que trasladan a drogodependientes a poblados para compra de droga, las llamadas cundas, el uso indebido de uniformes de las fuerzas de seguridad, o el cultivo de marihuana.

La introducción de conceptos "indeterminados" en otros artículos, como "que no se perturbe gravemente el orden publico" o que se elimine el aviso previo a las autoridades de una concentración, generarán más inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para las fuerzas de seguridad.

"No pongan en riesgo la seguridad de miles de agentes, escuchen y cuenten con nosotros", ha clamado a los diputados al final de su intervención el vicepresidente de la Unión de Oficiales.

Tras él y con argumentos contrarios, la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Pilar Rasillo ha apelado a la necesaria modificación de la ley mordaza por expandir "exageradamente" las penas y "vigorizar" determinados comportamientos.

"La seguridad ciudadana es un concepto controvertido. El presupuesto de la libertad es la propia libertad no la seguridad como dice la actual ley", ha defendido la magistrada quien ha apostado pro una reforma "cuidadosa y profunda".

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En esta línea, ha advertido a los diputados de que estos cambios no deben "chocar" con los que los preceptos que no se van a tocar pues esto generará "descoordinación" y contradicciones dentro de una misma ley.

Rasillo también ha apuntado la necesidad de revisar las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que nunca debieron incluirse a través de enmienda en esta norma.