Si se aprueba el proyecto de reformar la Constitución para acotar los aforamientos, se convertirá en el tercer cambio de la carta magna en cuatro décadas, después de los dos anteriores pequeños retoques que, sin embargo, precisaron de un gran consenso parlamentario. El que hoy por hoy no parece haber.

Tres quintas partes, es decir, 210 diputados en el Congreso, es el consenso que precisa reunir el Gobierno para sacar adelante su propuesta para limitar los aforamientos, una cifra que a priori no parece que vaya a tener a su disposición a tenor de lo que han adelantado los líderes del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera. Sin ellos, no es viable sacar adelante la reforma.

No hubo problemas, en cambio, cuando en 1992 se alteró el texto constitucional por unanimidad para adaptar la carta magna al Tratado de Maastricht. Se introdujeron tan sólo dos palabras -"y pasivo"- para permitir que ciudadanos de países de la UE residentes en España pudieran ser alcaldes y concejales.

También cumplió el listón de los tres quintos la polémica reforma del artículo 135 para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP de Mariano Rajoy tres meses antes de las elecciones generales de 2011.

En esta ocasión, y pese a las reticencias iniciales de PP y Cs, el Gobierno está dispuesto a llevar al Congreso su propuesta de cambio para limitar las prerrogativas de diputados, senadores, presidente del Ejecutivo y ministros, una reforma cuantitativamente pequeña, admite, pero políticamente de gran relevancia, por el hecho de que cuando entre en vigor el aforamiento sólo afectará al cargo y no a la persona, como ocurre ahora.

Actualmente, hay una ausencia de limitaciones funcionales que dotan al aforamiento de los parlamentarios y miembros del Gobierno de una extensión que es absoluta en el ámbito penal y que no está conectada con el fundamento constitucional de esta prerrogativa, señala el Ejecutivo en el preámbulo del anteproyecto.

Aduce el Gobierno que resulta "palmaria" la tendencia generalizada en los países del entorno a que el aforamiento tenga carácter funcional, esto es, que se contemple sólo en relación con los actos cometidos en el ejercicio de las funciones del cargo.

En la línea de situar a la norma básica del Estado en esa tendencia de los textos constitucionales europeos, la reforma impulsada por el Ejecutivo limita el alcance de los aforamientos previstos en la Carta Magna para que únicamente resulten aplicables en relación con los delitos que los parlamentarios y los miembros del Gobierno puedan cometer en el ejercicio directo de sus funciones y durante el período de su mandato.

Una reforma constitucional que pretende ser el primer paso de un proceso "más amplio", que lleve a la revisión de los aforamientos previstos en múltiples normas de los ordenamientos estatal y autonómicos.

Según el anteproyecto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, se reforma parte de la redacción actual de los preceptos 71.3 y 102.1 vigentes y se procede a una modificación que, aunque escueta, tiene unas consecuencias limitadoras "trascendentales" en el ámbito de los aforamientos.

Así, se añade a ambos artículos la frase "en el ejercicio de las funciones propias del cargo" para limitar funcionalmente el alcance de los aforamientos.

Tiene asimismo otro beneficio, en opinión del Ejecutivo, ya que la concreción de esta competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo veda una interpretación que permita al legislador ampliarla más allá de la Constitución.

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De este modo, la reforma constitucional es "incompatible por incoherente" con una interpretación que considerara ampliable por vía legal el aforamiento penal.

Para salir adelante, la propuesta legal del Gobierno requerirá el respaldo de los tres quintos del Parlamento, es decir, 210 diputados en el Congreso. Para ello, el PSOE tendrá que contar de manera indefectible con el los 137 diputados del PP y sus socios o del resto de grupos juntos.

Una vez que las Cortes le den el visto bueno, la reforma deberá ser sometida a referéndum si así lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras legislativas dentro de los quince días siguientes a su aprobación. Unidos Podemos quiere que cualquier reforma constitucional sea llevada a las urnas.