Funcionarios talibán en varias provincias de Afganistán han desplazado a la fuerza a residentes de comunidades chiíes hazaras y personas asociadas al antiguo gobierno del país como forma de castigo, según alerta la organización Human Rights Watch (HRW).

Desde su llegada al poder, los talibán han exigido a hazaras y otros residentes que abandonen sus hogares y granjas, a muchas de las cuales, más tarde, se les ha prendido fuego. Estas acciones se iniciaron en las provincias de Daikundi, Uruzgan y Kandahar y después, con el tiempo, se extendieron hacia las de Helmand y Balj.

La mayoría de los desplazamientos se han llevado a cabo en las primeras dos provincias, donde los talibán han llegado a expulsar de sus tierras a más de 2.800 residentes.

"Los talibán están desalojando por la fuerza a los hazaras y otras (personas) por motivos étnicos u opiniones políticas para recompensar a sus partidarios", ha expresado la directora asociada de HRW para Asia, Patricia Gossman, quien también ha denunciado que estas acciones son llevadas a cabo con amenazas y sin ningún tipo de proceso legal.

Los funcionarios del nuevo régimen talibán de Afganistán han explicado que los desalojos sí están basados en órdenes judiciales, pero los ciudadanos que sufren estas decisiones afirman que no y que en ocasiones tan solo se les ha dado tres días para abandonar unos terrenos de los que son propietarios desde hace más de 40 años.

Por otro lado, residentes de la provincia de Helmand han trasladado a Human Rights Watch que los talibán enviaron cartas en septiembre a al menos 400 familias en las que se les ordenaba a abandonar la zona.

Finalmente los afganos tuvieron que desplazarse del lugar sin haber llegado siquiera a recolectar sus cosechas e incluso viendo como las autoridades detenían a seis personas que intentaron oponerse a orden, apunta HRW.

Estas exigencias de los talibán se remontan a la década de 1990, cuando los funcionarios locales del Gobierno distribuyeron grandes terrenos entre familiares y simpatizantes en detrimento de las comunidades que no simpatizaban con aquel régimen. Ahora las tornas han cambiado y son los seguidores de los talibán los que quieren obtener el privilegio de disponer de las tierras.

Respecto a esto, Human Rights Watch ha recordado que el derecho internacional prohíbe los desalojos forzosos, y ha lamentado que estas acciones tengan lugar ahora en Afganistán cuando la sequía, las dificultades económicas y el conflicto han obligado a 665.000 personas a abandonar sus hogares, sumándose así casi cuatro millones de habitantes desplazados.

"Es particularmente cruel desplazar a las familias durante la cosecha y justo antes de que llegue el invierno (...) Los talibán deben dejar de desalojar por la fuerza a los hazaras y resolver las disputas por la tierra de acuerdo con la ley y un proceso justo", ha exigido Gossman.