El grupo provincial de Adelante en la Diputación de Málaga solicitará en el pleno del próximo miércoles, 21 de julio, que el equipo de gobierno actualice el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) y que cambie la concesión de las ayudas urgentes, de manera que las personas las reciban cuando lo necesitan y no meses después.

El 19 de febrero de 2020, la institución provincial aprobó en pleno el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 antes de declararse el estado de alarma y de estallar la pandemia de la COVID, actualizándose para 2021 tras aprobación en pleno ordinario como asunto urgente el 17 de febrero de 2021.

El PES es un instrumento de gestión de carácter programático que carece de rango normativo por lo que, según la moción de la confluencia de IU y Podemos, consultada por Europa Press, "las subvenciones planificadas podrán ser modificadas, sustituidas por otras más eficaces y eficientes".

Por tanto, el PES se puede adaptar "a la realidad social y económica existente en cada momento y fundamentalmente a los presupuestos del correspondiente ejercicio, actualizándose, de este modo, en cada una de las anualidades de su vigencia".

Las subvenciones del PES se regirán, además, por la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación de Málaga y las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio.

Según IU y Podemos, la fórmula de concesión de subvenciones a las personas necesitadas son mediante el sistema de subvención directa y de concurrencia competitiva, cuestionándose si "no sería más lógico que las ayudas económicas correspondientes a servicios sociales comunitarios tuvieran un sistema de concesión directa".

Las diputadas provinciales de izquierdas aluden al Consejo Consultivo de Andalucía en su dictamen 0640/2018 de fecha 26-9-2018, que considera que las ayudas económicas de los servicios sociales comunitarios se deben otorgar al margen del régimen subvencional, cumpliendo los requisitos y exigencias de la normativa.

"Es evidente que la situación objeto de ayuda no tiene por finalidad el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, sino que se trata de una situación de necesidad", exponen, y añaden que, además, este tipo de ayudas no se puede encuadrar en el régimen de subvenciones por cuanto se configuran como prestaciones.

Señalan en la moción que ayudas económicas de carácter excepcional, las cuales ante su especial naturaleza se están tramitando a través del procedimiento de concesión directa, no se deben demorar en el tiempo "ya que implica una situación de urgencia, descrita y justificada en el informe de necesidad- valoración de la trabajadora social".

Sin embargo, según Adelante, "hasta que son recibidas por la persona que sufre dicha situación puede pasar un periodo de entre seis meses a un año, incluso más como pudimos comprobar en las ayudas económicas de 2019. ¿Dónde queda la situación de urgencia?", se preguntan.

Por todo ello, solicitan al equipo de gobierno que adapte su normativa relativa a las ayudas económicas al régimen de prestaciones sociales, excluyéndolas del régimen subvencional y a modificar el sistema de acceso a las ayudas económicas propuestas en el PES por la Diputación con carácter de concurrencia competitiva, pasando a otorgarse como prestaciones económicas directas --nunca bajo la forma de subvenciones personales--, y con carácter de emergencia.

Asimismo, consideran que la institución debe actualizar el PES 2020-2022, en concreto la actualización para 2021, "a fin de modificar el procedimiento de tramitación de expediente y de las ayudas económicas, activándose procedimientos sumarios, obviando trámites del procedimiento ordinario, en aquellos casos en los que el informe social justifique y proponga la excepcionalidad".

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Por último, reclaman la puesta en marcha de forma urgente de las modificaciones presupuestarias pertinentes para incluir en el régimen de prestaciones las ayudas sociales que otorgue la Corporación y que el equipo de gobierno agilice los procedimientos de concesión de las ayudas con los recursos necesarios, "respondiendo a la urgencia de la situación de vulnerabilidad de las unidades familiares solicitantes".

SUBVENCIONES A COLECTIVOS

Por otro lado, la confluencia de izquierdas llevará otra moción al pleno ordinario de julio "para acabar con la financiación con dinero público a las asociaciones y colectivos contrarios a los derechos de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito".

Así, piden a la institución provincial que ponga en marcha mecanismos a nivel informativo y de asesoramiento para mujeres en situación de vulnerabilidad "que garanticen la libre elección de las mujeres con respecto a la maternidad a través de los profesionales y expertos sanitarios o trabajadores sociales capacitados y designados para ellos, evitando el tutelaje de las mujeres y especialmente la intervención de entidades contrarias a los derechos y libertades de las mujeres".

Solicitarán a la Junta de Andalucía el desarrollo completo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, "garantizando una atención integral, pública y gratuita a las mujeres que decidan libremente abortar y acabar con la discriminación que sufren las que se ven obligadas a desplazarse fuera de su provincia para poder ejercer sus derechos".

También instan al Gobierno de España a impulsar una reforma legislativa para crear zonas seguras en torno a las clínicas y centros sanitarios, "así como castigar aquellas conductas relacionadas con el acoso, insulto y vulneración de los derechos y libertades de las mujeres que quieran ejercer su derecho a abortar".