ERC, Junts, CUP y comunes han acordado un borrador para una nueva ley de emergencia habitacional, que deberá sustituir el decreto catalán de vivienda anulado por el Tribunal Constitucional hace un año, según han confirmado fuentes parlamentarias y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El Alto Tribunal tumbó en 28 de febrero de 2021 el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, impulsado en 2019 por el Govern, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

Pasado casi un año, ERC, JxCat, CUP y comunes han cerrado en ponencia conjunta un nuevo acuerdo que ha sido celebrado por la PAH, entidad que ha participado en la negociación del texto. "Un nuevo paso adelante. Se reactiva la cuenta atrás para recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Constitucional", ha dicho la plataforma en un comunicado.

Los cuatro grupos han conseguido así desbloquear el texto para una nueva ley que, según la PAH, "garantiza" que se recuperarán las medidas de alquiler social anuladas por el TC.

La futura ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero sí introduce medidas de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios.

Entre otros puntos, se promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose estos como inquilinos con alquiler social.

Es por ello que será la Generalitat, a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña, quien asuma los alquileres de estas familias, ya sea a través de ayudas o como arrendataria de estas viviendas, una medida que fuentes parlamentarias consideran que puede incentivar a los propietarios intermedios a mantener pisos en alquiler.

Entre las medidas del nuevo texto que se recuperan también están las renovaciones obligatorias de alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin; o alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables después de la extinción de su contrato de alquiler.

También se amplía la definición de gran tenedor, incluyendo a personas jurídicas con más de diez viviendas; se incluye el control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat; y se amplía a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos.

El acuerdo ha sido posible después de que JxCat haya dejado de lado sus reticencias, tras sus enmiendas presentadas, y haya conseguido desencallar junto a la PAH y el resto de grupos un texto que, según ha explicado la formación, "garantiza la protección de las familias vulnerables y preserva los derechos de los propietarios".

El doble objetivo de Junts ha sido, en ese sentido, evitar que familias vulnerables pierdan la vivienda y, al mismo tiempo, preservar los derechos de aquellos propietarios (a excepción de fondos de inversión e instituciones bancarias) que se encuentran con familias arrendatarias en situación de vulnerabilidad.

La formación independentista ha querido destacar, en un comunicado, que "esta propuesta no afecta a grandes tenedores bancarios, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondos de inversión y entidades de gestión de activos".

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y ha señalado que los grandes tenedores estarán obligados a ofrecer un alquiler social obligatorio a familias vulnerables sin derecho a participar de las ayudas de la Generalitat.

Tras el acuerdo alcanzado en la ponencia, ahora el texto será llevado a comisión parlamentaria, antes de que sea votado junto a las enmiendas en el pleno del Parlamento el próximo 2 de febrero.

Por su parte, fuentes del PSC han explicado que, si bien no les desagradan las transacciones que se han realizado con JxCat, mantendrán sus enmiendas hasta la comisión, a falta de tomar una decisión definitiva al respecto.