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Acaban los registros en inmuebles de empresario por desaparición de temporero

La Guardia Civil ha dado por finalizados los registros en las propiedades e inmuebles del empresario agrícola de Villacarrillo que está siendo investigado por la desaparición de un joven de nacionalidad senegalesa de 33 años que trabajaba de temporero para este empresario en la campaña de la aceituna en 2021.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 16:37

La Guardia Civil ha dado por finalizados los registros en las propiedades e inmuebles del empresario agrícola de Villacarrillo que está siendo investigado por la desaparición de un joven de nacionalidad senegalesa de 33 años que trabajaba de temporero para este empresario en la campaña de la aceituna en 2021.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de esta investigación, se ha incautado de un remolque y varias herramientas para su análisis en busca de pruebas para esclarecer los hechos, y no se descartan nuevos registros, que tienen que ser autorizados por orden judicial, en los próximos días.

Desde la pasada semana, los agentes han efectuado registros en un garaje y una vivienda, así como en una finca de olivar, trabajos en los que también participaron perros del servicio cinológico y miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para la inspección de un pozo ubicado en el inmueble.

La Guardia Civil realiza esta inspección, por orden judicial, en el transcurso de una operación abierta, en busca de pruebas para esclarecer la desaparición del temporero, sobre la que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

El propietario del inmueble objeto del registro, está siendo investigado y anteriormente fue arrestado por la desaparición, en diciembre de 2013, de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y al hallar en la finca de olivos que gestionaba unas orejeras del desaparecido con ADN del empresario.

El empresario fue condenado a dos años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y absuelto del delito de secuestro por falta de pruebas.

En ambos casos, los compañeros de los desaparecidos relataron a los agentes que los jornaleros habían discutido con el empresario a quien reclamaban un salario digno.

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