La presunta estafa que juzga estos días la Audiencia Nacional ocurrió en 2005, cuando un abogado supuestamente transfirió más de 400.000 euros de una cuenta de su cliente a otra suya, ambas en Suiza. Su 'defendido' se percató 7 años después, cuando quiso regularizar el dinero y vio que ya no lo tenía.

Son hechos constitutivos a juicio de la Fiscalía de un delito de estafa por el que están siendo juzgados el letrado y principal acusado y su cónyuge, a cuyo nombre también estaba la cuenta en el país helvético a la que presuntamente fueron a parar los fondos.

El juicio, que comenzó ayer lunes ante la sección tercera de lo Penal, está previsto que finalice hoy en una jornada en la que el fiscal comunicará si ha decidido elevar a definitivas sus conclusiones y mantener la petición de tres años de cárcel para él y un año para ella, además de una multa de 1.800 euros para cada uno.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, cuantifica en más de 400.000 euros el dinero presuntamente apropiado por el abogado en virtud de "la relación de confianza" que tenía con su cliente.

Primero fueron 404.800 euros que, en abril de 2005 y "con un evidente ánimo de lucro", el acusado presuntamente traspasó de una cuenta de la Banca de Gottardo (hoy BSI), en Lugano (Suiza), abierta en 1994 y que él mismo gestionaba a nombre de su cliente, a otra de la misma entidad pero con sucursal en Laussane, cuyos titulares eran los dos acusados.

Meses más tarde, en junio de 2005, -prosigue el fiscal- "traspasó igualmente (...) las siguientes cantidades: 968 libras esterlinas, 12.017 francos suizos, 3.229 dólares norteamericanos y 17.498 euros". La suma da el total que la Fiscalía solicita ahora a los acusados como indemnización conjunta y solidaria para la víctima.

Según la tesis del ministerio fiscal, la forma con la que el abogado presuntamente consiguió transferir los fondos fue mediante "un papel en blanco con la firma" de la víctima que el letrado tenía gracias a la relación de confianza que unía a ambos, y que "rellenó escribiendo antes de la firma la orden dirigida al banco".

Al llegar el papel a Suiza, el empleado del banco "sin realizar más comprobaciones ni ponerse en contacto con el titular de la cuenta, realizó todas las gestiones y cumplió la orden recibida".

Pasaron siete años hasta que la víctima se dio cuenta de todo. En 2012, "con motivo de la posible regularización fiscal de los fondos" a raíz de la amnistía fiscal (anulada después por el Tribunal Constitucional), descubrió que su cuenta había sido cancelada y su dinero traspasado a otra de la que ya no era titular.