El abogado del exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, el principal acusado de una supuesta trama corrupta de cobro de comisiones ilegales, ha pedido la absolución de su defendido y ha conminado al tribunal a que "no tenga miedo" al dictar sentencia y se "abstraiga" de la "presión social" que presenta a los acusados como "presuntos culpables".

El letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha comenzado hoy a presentar su informe final en el juicio por este caso, el mayor de presunta corrupción instruido y juzgado en Euskadi, que arrancó el pasado mes de enero en la Audiencia Provincial de Álava y que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés.

Susaeta ha centrado su exposición en las "irregularidades" observadas durante la instrucción y ha hablado de "manipulaciones" de pruebas, ruptura de la cadena de custodia y actuación "desproporcionada, indiscriminada y prospectiva" de la Ertzaintza para insistir en pedir la nulidad de toda la prueba de cargo y denunciar la violación de derechos fundamentales de De Miguel y su esposa, a la que también defiende.

"Tenemos la constatación que durante siete meses todas las evidencias estuvieron fuera del procedimiento de control y custodia del secretario judicial", ha subrayado.

El letrado ha asegurado asimismo que sus clientes han sufrido un "juicio paralelo" desde la instrucción, que se ha "extendido" durante todo el proceso, con dos comisiones parlamentarias y "desafortunadas declaraciones de políticos de todo tipo".

"Para la prensa, para nuestra clase política, sin distinción de partidos, para esta sociedad tuitera que me repulsa, para todos ellos mis defendidos eran y son presuntos culpables. Deseo, espero y confío en que este tribunal a la hora de dictar sentencia no los tenga por tales y se abstraiga de la presión social, que no tenga miedo, como le ocurrió a la Audiencia de Navarra", en referencia a la sentencia de "La Manada", ha afirmado.

Ha asegurado además que la Fiscalía no ha aportado "indicios objetivos e indubitados" en su contra sino "meras sospechas o elucubraciones" que parten de una instrucción en la que se han producido "irregularidades", "manipulación" de pruebas, ruptura de la cadena de custodia y una actuación "desproporcionada, indiscriminada y prospectiva" de la Ertzaintza.

Por ello ha vuelto a reclamar, como ya hizo en diversos momentos procesales, la nulidad de toda la prueba de cargo y a denunciar la violación de derechos fundamentales de sus defendidos.

En el inicio del juicio el tribunal dijo que resolverá en sentencia, aunque, al finalizar la instrucción, la Audiencia de Álava ya consideró en un auto que no hubo extralimitación de la Ertzaintza que motivara la nulidad de la investigación.

La Fiscalía ha rebajado de 54 años y 11 meses a 29 años y 9 meses la pena de cárcel que solicita para De Miguel pero mantiene la imputación de delitos como el de asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

Mañana está previsto que el letrado de De Miguel finalice con la exposición de sus conclusiones.