El abogado Carlos Aránguez, que asumió la defensa de Juana Rivas ante el Tribunal Supremo, ha denunciado este jueves que esta vecina de Maracena (Granada), para quien se ha ordenado su ingreso en prisión, "no esté siendo oída" por la justicia penal española, que la está dejando "en silencio".

En declaraciones facilitadas esta tarde a los medios, el letrado ha expresado su "indignación" a raíz de que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que fue el encargado de enjuiciar en su día a Rivas, haya acordado su ingreso en prisión inmediato, en su opinión una "actuación sorpresiva" frente a una persona que ha solicitado ya el indulto frente a su condena de dos años y medio de prisión.

Aránguez ha recordado que el artículo 4.4. del Código Penal recoge que se puede suspender la petición de una pena por una solicitud de indulto y que, en el caso de Rivas, entiende que se cumplen todos los requisitos legales para que este sea estimado.

"La decisión del juez de ingreso en prisión inmediato usurpa esa posibilidad de concederlo", ha advertido el abogado, que ha recordado que Rivas cuenta con una buena de red de apoyo familiar y laboral.

El letrado de Rivas ha anunciado asimismo su intención de recurrir el auto de ingreso en prisión, primero en reforma ante el propio juzgado y posteriormente en apelación ante la Audiencia de Granada.

Asimismo, ha lamentado que en este caso no solo no se esté aplicando una "perspectiva de género" que prevé expresamente la Ley de Igualdad para este tipo de procedimientos judiciales, sino que tampoco se tenga en cuenta el Convenio de Estambul y no se le dé "el mismo trato" que a otros reos a los que se concede un plazo y la posibilidad de recurrir.

"Se está despachando en una ejecución sumarísima su situación penitenciaria y se le quiere ingresar en prisión sin ser escuchada", ha sentenciado.

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha ordenado la detención y entrada en prisión de Rivas al considerar que "no ha lugar" a la suspensión de la pena, al ser superior a dos años.

Juan Rivas fue condenada por sustracción de menores ya que en el verano de 2017 permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016. EFE

1011356