La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido por carta a las autoridades hondureñas que adopten medidas de protección para garantizar "la vida y la integridad personal" de los familiares y abogados de Berta Cáceres, dirigente indígena asesinada en marzo de 2016.

Así se lo ha trasladado al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa (Honduras), Rolando Edgardo Argueta, en una misiva en la que muestra su preocupación por la vida de los implicados, que están siendo "víctimas de ataques sistemáticos" por su participación en la causa judicial del asesinato de Cáceres y en otros casos de "alto impacto" en la sociedad hondureña.

La activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 a tiros en la ciudad de La Esperanza, mantenía una oposición activa al proyecto hidrológico de una multinacional en el país, que consideraba que representaba un daño ambiental.

Tanto sus familiares como su equipo jurídico son beneficiarios de las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas medidas de protección que se ampliaron recientemente para el abogado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Víctor Fernández, y de los hijos de Berta Cáceres.

Por este motivo, Ortega, también vicepresidenta del Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, exige que se garanticen dichas medidas de protección, de modo que los abogados puedan seguir con sus actuaciones sin temor a represalias ni a ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos.

Asimismo, recuerda que para ejercer el derecho de defensa, los abogados deben poder acceder a todas las diligencias de investigación integradas en el expediente del caso de Berta Cáceres, un acceso que, hasta la fecha, les ha sido denegado.

Ortega también ha requerido que se apliquen las medidas cautelares otorgadas a los abogados de Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato de Berta Cáceres.