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La abogacía del Estado sale al rescate de Sánchez: ¿otro organismo al servicio del Gobierno?

La función de este órgano es defender el interés general del Estado, pero en las últimas semanas se han producido una serie de decisiones con un fuerte aroma político

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Madrid

Tiempo de lectura: 6'Actualizado 02:46

El papel de la Abogacía General del Estado, dirigida por Consuelo Castro Rey, vuelve a estar en el punto de mira después de una serie de decisiones que de una manera u otra sirven para 'blanquear' algunos asuntos que afectan de lleno al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el Ejecutivo de coalición sigue centrado en ocultar a la oposición varios informes de gran trascendencia, redactados por la Abogacía, sobre el estado de alarma. Estos documentos fueron pedidos por Vox hace más de un año y desde ese momento el Gobierno se ha negado a hacerlos públicos.

Los informes solicitados hacen referencia a los decretos del 14 y el 17 de marzo, la primera prórroga del estado de alarma, el plan de desescalada y la ampliación de seis meses aplicada el pasado mes de octubre.

Ante este contexto, existe la posibilidad de que la revelación del contenido de estos documentos sería una gran pista para describir el papel que la Abogacía del Estado está desarrollando desde que Sánchez llegó al Poder.

En este sentido, ABC ha señalado que la Abogacía del Estado pretende desactivar el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, remitiendo ciertos informes al partido de Santiago Abascal. Es decir, filtrando de forma clara el contenido que hace público y dejando otra parte en secreto.

Todo ello se produce a pocos días de que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucional el segundo estado de alarma, al igual que hizo con el primero. Además, desde el punto de vista jurídico sigue abierta la posibilidad de que se declare institucional la suspensión de la actividad parlamentaria durante el estado de alarma.

Defensa del papel de Laya en el Caso Ghali

Esta polémica que vuelve a afectar de lleno a la Abogacía del Estado se produce pocas horas después de que la propia institución declarase de "impertinente" la citación judicial de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por el caso Ghali. En este sentido, la Abogacía sigue en su estrategia de bloquear la investigación penal del Caso Ghali.

La Abogacía del Estado pone la mano en el fuego por el Ejecutivo, defendiendo que no se infringió ninguna ley. La citación programada por el juez Rafael Lasala es para el próximo 4 de octubre y ha sido la propia Abogacía la que parece haber asumido la defensa de Laya y también del imputado Camilo Villarino, ex jefe de gabinete de Laya durante su paso al frente de Exteriores.

Hasta ahora han sido presentadas dos alegaciones respecto a la supuesta involucración de Laya en el caso Ghali. Esta última y la presentada el pasado 17 de septiembre, donde pidió de forma directa al juez que diese carpetazo al caso y pidiese a los medios de comunicación que no hablasen del Caso Ghali, ya que su contenido compromete de lleno a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre este asunto se ha pronunciado el periodista Ignacio Camacho en 'El Cascabel' de TRECE: "Independientemente de que la Abogacía pueda tener sus razones para que pensar que la instrucción del juez no es correcta, la sensación es que está actuando como letrada personal de una exministra. Esas alegaciones que está planteando la Abogacía pertenecen a la defensa personal de Laya. Por tanto aquí no se ve ninguna defensa general de los intereses de los españoles, que es en lo que se debe centrar la Abogacía".


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No es la primera vez que la Abogacía del Estado protagoniza peculiares acciones o posturas que de una manera u otra benefician al Gobierno de Sánchez o algunos de sus socios. En este sentido, la primera polémica relacionada con la Abogacía del Estado se produjo por la salida de Edmundo Bal.

Las polémicas que rodean el papel de la Abogacía del Estado

El actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados estuvo 16 años dirigiendo la acción jurídica del Gobierno en causas como la de los Pujol, el "procés" y Gürtel. Fue la cabeza visible de la Abogacía en el juicio contra la trama corrupta de Francisco Correa y no se limitó a un papel testimonial.

Tachó de "cáncer" a la red y en su alegato final pidió una sentencia "ejemplar", la misma que luego hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy. En su carrera jurídica también se enfrentó al Ejecutivo de Sánchez cuando se mantuvo firme en su acusación por rebelión para los protagonistas del "procés", unas discrepancias que le valieron el puesto.

El papel de la Abogacía del Estado respecto a la cuestión separatista en Cataluña también ha dejado ciertos capítulos polémicos y que de una manera u otra han permitido a los socios independentistas de Sánchez salir beneficiados.

El pasado mes de julio, la Abogacía decidió no presentar alegaciones en el Tribunal de Cuentas ante los líderes independentistas por el dinero público gastado para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los motivos que se alegaron desde la Abogacía del Estado es que existía un precedente, el del caso de la consulta del 9-N, realizado por Artur Mas. En esta ocasión, el Tribunal de Cuentas negó la legitimación de la Abogacía del Estado porque expusieron que afectaba a las arcas económicas y no estatales. Esta sentencia fue la que utilizó la Abogacía para retirarse de la causa y así complacer los deseos de los socios independentistas de Sánchez.

También en las últimas jornadas la Abogacía del Estado ha despertado las críticas de la oposición por su teoría sobre la detención de Carles Puigdemont la pasada semana en Cerdeña. En este sentido, el órgano dependiente del Ministerio de Justicia defendió que la euroorden emitida por el juez Llarena estaba suspendida, y que el expresidente catalán puede gozar de inmunidad hasta el que Tribunal Europeo diga lo contrario.

"En este caso parece que la Abogacía va en contra de los intereses generales del Estado, que es lo que a fin de cuentas tiene que defender. La sospecha de que pueda estar interviniendo a favor de los intereses del Gobierno queda patente. Hay indicios suficientes para pensar que se trata de una intervención de parte", ha explicado Ignacio Camacho en TRECE respecto al caso de Carles Puigdemont.

En este sentido, el periodista de 'ABC' ha señalado que la Abogacía no puede poner en duda ante Europa el criterio del Supremo sobre la detención de Carles Puigdemont: "En la práctica es una desautorización del criterio del Supremo. La comunicación a un Tribunal Europeo de que según el Estado español la detención no está vigente no procede. Eso lo tiene que decidir el Supremo, que ahora mismo, pienso yo, que es el que está defendiendo los intereses del Estado".

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, considera una "negligencia" y un "error" la tesis de la Abogacía del Estado a raíz de la detención en Cerdeña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque, según ha dicho, no puede ser que el Gobierno sostenga que las órdenes están "suspendidas". A su entender, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Estos asuntos vuelven a poner encima de la mesa el debate respecto a si Pedro Sánchez ejerce una vulneración de la independencia de instituciones tan importantes como la Fiscalía General del Estado, donde está presente Dolores Delgado, el CIS, tras los dudosos estudios dirigidos por Félix Tezanos, o el INE, que hace unos días tuvo que bajar los humos del Gobierno después de que rebajase sus previsiones de crecimiento respecto al PIB en el segundo trimestre: que estaban situadas en un 2,8 y que al final ha marcado el 1,1%.

Dirección y funciones de la Abogacía del Estado

Todos estos polémicos episodios se han producido bajo la dirección de Consuelo Castro Rey. Tanto ella como sus subordinados tienen que dar forma jurídica a las propuestas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y diseñar una serie de estrategias legales para ponerlas en marcha y defenderlas en caso de que se presenten recursos ante ellas.

Castro Rey fue nombrada por la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, mientras esta era Ministra de Justicia. La actual abogada del Estado fue progresando en la carrera judicial durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el año 2004 se convirtió en jefa de ese cuerpo en A Coruña y tres años después en responsable de toda la comunidad gallega.

Su principal función es velar por una buena aplicación de las funciones de la Abogacía del Estado, entre las que se encuentra dar asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas. En este sentido, la Abogacia es responsable de representar y defender al Estado y ofrecer asistencia en materia de Derecho. Por último, como hemos podido ver en el caso de González Laya, la Abogacía del Estado es la encargada de presentarse como acusación particular cuando el Estado resulta perjudicado en un determinado proceso, pero siempre que sea por el interés general de toda la sociedad española.

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