Cinco vocales conservadores del CGPJ alertan a Bruselas del "grave" debilitamiento de la Justicia

Cinco vocales de los 18 que integran actualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han dirigido a la Comisión Europea para dar respuestas "complementarias" a las enviadas por el propio CGPJ ante las preguntas planteadas por Bruselas para elaborar su informe anual sobre el Estado de Derecho en cada Estado miembro. En ellas, estos vocales, del ala conservadora, alertan sobre un "grave" debilitamiento de la independencia judicial por las reformas sobre el CGPJ.

En el documento, los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart explican que han recurrido a esta "fórmula inusual" de comunicación con Bruselas porque el borrador con las respuestas del CGPJ se entregó a los vocales que no forman parte de su Comisión Permanente con "un tiempo insuficiente para su análisis" y se envió sin que hubiese debate previo en el Pleno sobre las mismas.

"La consecuencia de esta forma de proceder es que el texto que se ha comunicado a la Comisión Europea solo ha sido asumido por 6 de los 18 vocales del CGPJ", aseguran los cinco firmantes.

En su contestación suplementaria denuncian "nuevamente" que "el incumplimiento de los estándares del Estado de Derecho de la Unión Europea es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del Poder Judicial en España".

Ponen el foco en que "la erosión de las competencias del CGPJ debilita su capacidad para proteger la independencia del Poder Judicial". Aluden, en primer lugar, a la reforma legal de marzo de 2021 que imposibilita a un Consejo en funciones, como el actual, hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, porque "está perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales".

En este punto, recuerdan la situación que sufre el Tribunal Supremo, "cuyos efectivos no se pueden reponer", y avisan de que "también está produciendo unos efectos intensamente nocivos en algunas jurisdicciones, como la militar, la totalidad de cuyos nombramientos, cualquiera que sea su grado, se ve afectada por la limitación de competencias".

Para los cinco vocales, "ese debilitamiento se ha hecho más evidente" con la reforma operada el pasado verano sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al CGPJ su poder para hacer nombramientos, aunque solo para designar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC).

"A conveniencia del Gobierno"

"Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del Gobierno", afirman para añadir que "resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Supremo".

A su juicio, "el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho que deriva de la anterior situación es grave y evidente".

Además, critican que "no se ha proporcionado ni por el Gobierno ni por el Legislativo una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandatoestá prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado".

"Ello obliga a entender que la razón por la que se ha debilitado la independencia del Poder Judicial en España, mermando las competencias de su órgano de gobierno, no guarda relación con la situación de prórroga del mandato del CGPJ, sino que se utiliza como fórmula de presión en el debate entre partidos políticos, aunque sea a costa de las exigencias del Estado de derecho", lamentan.

Sin renovación por la reforma penal

Por otro lado, constatan que "el CGPJ sigue sin renovarse" recordando que el año pasado hubo negociaciones entre Gobierno y PP para remediarlo que "concluyeron de manera infructuosa como consecuencia de la crisis de las negociaciones provocada por la modificación del Código Penal".

Advierten asimismo de que esta reforma penal "ha supuesto que no solo se ha modificado el Código Penal para suprimir el delito de sedición, con aparente generalidad pero para dejar sin contenido una sentencia concreta, sino también para limitar el delito de malversación a lo supuestos en los que existe 'apropiación' personal de los fondos públicos, pero no se sancionará que a esos fondos se les dé un destino distinto al previsto en la ley".