El dirigente de ERC Oriol Junqueras, actualmente en prisión por delitos de sedición y de malversación, ha pedido este viernes al Tribunal Supremo que le permita ser candidato en las elecciones generales del próximo domingo aunque no figure su nombre en las papeletas.

Así consta en el escrito enviado por la representación legal del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, condenado a 13 años de prisión tal y como estableció la sentencia del Supremo por el juicio del "procés".

Con este escrito responde al acuerdo de la Junta Electoral de no permitirle ser elegible en los comicios del 10 de noviembre, ya que no cumple los requisitos para ello que define la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Argumenta este organismo que no puede concurrir a las elecciones porque su situación no se ajusta al artículo 6.2 de la citada norma: señala que serán ineligibles "los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena".

Sin embargo, ERC ha denunciado que un auto del Supremo con fecha del 14 de octubre pospone la ejecución de la pena a Junqueras hasta que resuelva el Tribunal de Luxemburgo qué pasa con su inmunidad.

La formación independentista entiende, por esta razón, que su líder puede ser candidato en las elecciones, ya que no pesaría sobre él la inhabilitación. Asimismo, ha pedido su puesta en libertad.

Junqueras quedó fuera de la lista de ERC por Barcelona una vez se hizo firme la sentencia; al estar inhabilitado, no puede ser candidato.

Lo mismo sucedió con los otros dirigentes independentistas y con Jordi Sànchez, que fue el número uno de la lista de JxCat por la misma circunscripción que la del líder de ERC en las elecciones del 28 de abril.

Pero el mismo día en que el Supremo emitió la sentencia, decretó un auto en el que acordada posponer al ejecución de la condena a Junqueras. Denuncia la defensa del dirigente republicano que éste fue comunicado "tardíamente" a las partes.

Considera Junqueras que su exclusión como candidato una vez conocido el auto le genera "un perjuicio de imposible reparación y una vulneración flagrante de los derechos fundamentales".

Añade que el Supremo "puede decidir con posterioridad la inhabilitación en el momento en que exista sentencia firme que así lo determine", pero hacer "esta operación antes de su existencia resulta del todo inadmisible".