El diputado de UPN Íñigo Alli ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que modifique la instrucción que acaba de aprobar para facilitar el voto de los discapacitados intelectuales porque contiene una previsión que permitiría "marcar" a estos electores por su discapacidad.

En concreto, la JEC ha dispuesto que cuando algún miembro de una Mesa Electoral o un apoderado o interventor de un partido sospeche que el voto de una persona con discapacidad "no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria", lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, en la cual "identificará al elector" por su DNI.

Este apartado de las medidas dictadas por la Junta para aplicar la reforma de la ley electoral que permitirá que por vez primera puedan votar en los próximos comicios unos 100.000 discapacitados intelectuales deja claro que "no se impedirá" que su voto sea depositado en la urna, pero admite identificar al votante cuando haya dudas de que no ejerce su derecho libremente.

Es este aspecto de la instrucción el que lleva al diputado de UPN a dirigirse al presidente de la JEC, Segundo Menéndez, para solicitarle que reconsidere esta previsión "por sesgada y prejuiciosa contra el derecho básico al voto de las personas con discapacidad en España".

"El derecho al voto de las personas con discapacidad es inherente a su persona, por tanto a su dignidad", prosigue Íñigo Alli.

A su juicio, "hacer constar y marcar a una persona por el mero hecho de tener una 'aparente discapacidad' ante su derecho de sufragio, no solo contradice el espíritu de los legisladores cuando la debatieron y votaron sino que, como ha citado el propio CERMI, restringe dicho mandato legal ante un categórico derecho sin exclusiones".

Ya en la propia instrucción que el diputado pide reconsiderar, la JEC explicaba que había detectado que la reforma aprobada a finales de 2018 para el voto de los discapacitados suscitaba "problemas interpretativos que no han quedado resueltos por el legislador".

Y por ello explicaba que había decidido "fijar un criterio que puedan seguir los diferentes sujetos afectados" hasta que el legislador concrete las "cuestiones" pendientes de clarificar, dado que se aproximan las elecciones generales del 28 de abril y las locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.