Este domingo más de 37 millones de españoles estamos llamados a las urnas, de los más de 226.000 son nuevos electores en estas elecciones que cuentan con un presupuesto de cerca de 136 millones de euros, tres menos que las de abril. 

La reciente encuesta preelectoral del CIS arrojaba los datos más altos de abstención en una encuesta previa a unas generales. El mismo debate a cinco organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión fue seguido en 12 cadenas por 8,6 millones de espectadores con una cuota de pantalla del 52,7 %, lo que supone una audiencia inferior a las que tuvieron los dos debates celebrados de cara a las generales del 28 de abril.

Lo cierto es que con las encuestas en la mano no parece sencillo que las elecciones de este 10N vayan a facilitar el desbloqueo que ha impedido la formación de un Gobierno. Sin embargo  pese a las dificultades, los principales partidos reconocen la necesidad de lograr una solución con premura, y ese es su principal reto para el día después de los comicios.

Y es que las mayorías absolutas parecen haber desaparecido por mucho tiempo del panorama político español y eso obligará previsiblemente a que, una vez lograda una investidura, la posterior actividad legislativa tenga que conseguir el apoyo de diversos partidos para que pueda prosperar. Un pacto estable de legislatura, acuerdos puntuales, una geometría variable a la hora de votar cada iniciativa... La aritmética resultante de las elecciones puede acotar las alternativas, pero parece ineludible una práctica caída en desuso: el acuerdo. 

Salga el gobierno que salga, el nuevo Ejecutivo se enfrentará a lagunos desafíos urgentes e ineludibles:

LA CONVIVENCIA EN CATALUÑA

Hoy por hoy la normalización de la situación en Cataluña es el objetivo más ansiado, pero existe el convencimiento de que las posiciones dispares y la actitud de los radicales independentistas enturbian la esperanza de conseguirla a corto plazo. Se habla mucho de diálogo, hay voces que proponen recurrir de nuevo al artículo 155 de la Constitución, otras que ansían el rescate de competencias y las que, desde el independentismo, reclaman la amnistía de los líderes para encauzar la crisis.

El futuro Gobierno tendrá que hacer respetar la ley y, al mismo tiempo, seguir dejando abierta la puerta a la colaboración imprescindible entre las administraciones.

UNOS NUEVOS PRESUPUESTOS

Los presupuestos generales del Estado para 2018 que llevan la firma del ministro Cristóbal Montoro siguen aún vigentes. El bloqueo político impidió que prosperaran los presentados por Pedro Sánchez, pero los desafíos económicos necesitan unas nuevas cuentas del Estado.

Sería en ellas donde se despejarían dudas y se conocerían detalles de políticas como las de carácter fiscal y social que se quieren aplicar y las intenciones para encarar la revolución tecnológica.

Pero, además, la estabilidad económica y por ende política que supondría una mayoría parlamentaria que avalara un nuevo texto presupuestario debería servir para afrontar con más determinación otro de los retos inmediatos, el menor ritmo de la economía.

LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA

Los datos ya constatan esa anunciada desaceleración, y el ritmo de crecimiento o el de la creación de puestos de trabajo son ejemplo de que los vaticinios se están cumpliendo. Pese a ello se mantiene la esperanza de que esa desaceleración afecte menos a España que a otros países y no traspase la barrera que conduzca a una crisis que sería demasiado cercana a la que recientemente golpeó con dureza.

Intentar evitarlo debe estar entre las prioridades del Gobierno que surja de las urnas  y para ello hay pendientes reformas estructurales que alienten la eficiencia económica y la competitividad. 

EL "BREXIT" QUE VIENE

La amenaza de un "brexit" duro ha quedado agazapada ante el aplazamiento de la fecha fijada para ese momento y la llamada anticipada a los británicos para que decidan en las urnas si Boris Jhonson seguirá pilotando el divorcio con la Europa comunitaria. Se trata de una tregua tras momentos muy difíciles en los que parecía que la salida abrupta del Reino Unido era inevitable.

Pero tanto con acuerdo o sin él, España ha de seguir preparándose para el día después.

La situación de los españoles residentes en Reino Unido y de los británicos en España, los flujos comerciales, la especial repercusión en la zona del Campo de Gibraltar y los efectos en servicios financieros o transporte aéreo son algunas de las áreas en las que deberá ponerse un foco especial de atención.

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La financiación autonómica cuya reforma está pendiente desde 2014 es una prueba más de la trascendencia de los deberes económicos del futuro Gobierno. Ligada a la aprobación de unos nuevos presupuestos, esa nueva financiación es una demanda reiterada de las comunidades. Con mensajes de asfixia en las cuentas autonómicas por parte de sus máximos responsables, los trabajos deberían desembocar en un nuevo modelo que se antoja difícil que pueda contentar a todos.

Determinar los parámetros a los que se dará más peso a la hora de fijar esa nueva financiación, si al número de habitantes, a la despoblación, al envejecimiento o a la dispersión, entre otros, será una tarea nada fácil pero que no admite más dilación.

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