La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha comprometido hoy a mejorar las finanzas de la Seguridad Social por la vía impositiva y con la mejora del empleo, así como a aumentar la protección a colectivos más vulnerables mejorando sus carreras de cotización.

Durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, la ministra ha dicho que es obligado tener saneado el sistema hacia 2022 o 2023 para garantizar la pensión a las futuras cohortes de pensionistas nacidos durante los años del "baby boom", ya para 2050 habrá unos 5 millones más de pensionistas.

En esa tarea ha asegurado que no habrá merma en las pensiones ni retroceso en la cuantía de las mismas, al tiempo que ha arremetido contra la ley aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP en 2013 que estableció una subida mínima del 0,25 % mientras el sistema esté en déficit.

Valerio ha dicho que se buscarán alternativas por el lado de los ingresos, ya que recurrir a préstamos del Tesoro y a un Fondo de Reserva casi agotado es una "solución cortoplacista que a la larga solo agrava el problema".

Para empezar, ha dicho, la Seguridad Social no debe asumir "gastos impropios" como los asociados a la gestión del sistema, ni renunciar a ingresos que le corresponden como los derivados de la reducción de cotizaciones y tarifas planas "que deberían financiarse vía presupuestos".

Valerio ha insistido en que la Ley ya prevé que las pensiones contributivas puedan pagarse con impuestos a través de los presupuestos, por lo que ha considerado que la discusión está abierta en torno a si los impuestos deben ser finalistas o bien creados "ad hoc" para pagar las pensiones, como puede ser la tasa tecnológica.

Otra de las medidas a estudiar es la del destope progresivo de las bases máximas de cotización, aunque Valerio ha subrayado que hay que analizar bien las cifras y decidir también qué se hace con la pensión máxima "para que no sea más lo que hay que pagar que lo que se recauda".

La mejora de los ingresos por la vía del empleo ha dicho que vendrá con el trabajo de calidad mejor pagado, aunque ha reconocido que solo por esta vía el sistema tardaría muchos años en recuperarse después de que la reforma laboral de 2012 propiciara la devaluación salarial.

En lo que respecta a la protección de la Seguridad Social, la ministra ha avanzado que se mejorará para colectivos más vulnerables como mujeres, temporales o becarios, de manera que lleguen a la edad de jubilación con una mejor carrera de cotización.

El Ministerio planea extender la acción protectora a todos los becarios, reponer la cotización a las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia e igualar la cotización de los contratos temporales y fijos.

También se posibilitará la firma de convenios especiales con trabajadores que han visto mermadas sus carreras de cotización durante la crisis.

Asimismo, el Ministerio acelerará la integración completa del régimen de empleadas del hogar en el régimen general y mejorará la prestación por cese de actividad de los autónomos, que pagan por este concepto en cuotas cuatro veces más de lo que perciben luego en prestaciones.

La ministra se ha decantado por que el Pacto de Toledo acuerde que las pensiones se vuelvan a revalorizar con el IPC y no haya pérdida de poder adquisitivo y ha dicho que "tiene toda la perspectiva de que se esta de acuerdo" con esta vinculación.

Valerio ha recibido las críticas del PP en torno a la congelación que llevó a cabo en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha justificado que esa medida se produjo en un momento en el que el IPC real se disparó y estaba por encima del IPC previsto.

"Se había ganado poder adquisitivo en toda esa etapa y no se pidió a los pensionistas que devolviesen el dinero", ha dicho al tiempo que ha concluido diciendo "lo pasado, pasado está".

Por su parte, ha criticado que el Gobierno del PP dejara crecer el déficit de la Seguridad Social año tras año sin adoptar medidas complementarias durante la crisis económica y eliminando la prohibición que limitaba a un 3 % anual las disposiciones del Fondo de Reserva.