La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en contra de la extensión de norma de la Interprofesional del Vino (OIVE) para las campañas 2019/2020 a 2023/2024.

En concreto, la organización agraria ha subrayado en un comunicado que ha elevado este tema a los tribunales después del "caso omiso a las continuas alegaciones" presentadas y de las alegaciones ante el Ministerio de Agricultura, tanto en mayo durante el proceso de información pública, como en junio, en el proceso de consulta de orden ministerial.

Esta norma pretende recaudar 5,6 millones de euros por campaña, un total de 28 millones de euros a lo largo de su duración, "presuntamente en contra de varios preceptos" de la normativa de la Unión Europea en la materia, así como, de las previsiones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según precisa la organización.

Unión de Uniones, ante la jurisprudencia española anterior a la entrada en vigor de la OCM de los productos agrarios vigente, así como, la específica sobre la OIVE y su anterior extensión de norma, planteará a la Audiencia Nacional la necesidad de presentar varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que los productores que no pertenecen a la interprofesional ni al resto que no pertenecen a organizaciones interprofesionales agroalimentarias españolas tengan "garantizados sus derechos y dejen de ser lesionados económicamente".

La organización también ha recordado que no ha sido la única entidad que ha presentado alegaciones o se ha expresado en contra de la extensión de norma. En concreto, asociaciones riojanas, que agrupan a unas 300 bodegas, han cuestionado igualmente que la Interprofesional tenga la representación requerida para poder adoptar estas decisiones.

Unión de Uniones ha precisado que "no está en contra del principio interprofesional como sistema de vertebración del sector", sí que considera que muchas de las hoy constituidas "carecen de la legitimidad requerida" para funcionar y aprobar extensiones de norma al no contar los miembros de la parte productora con la acreditación documental de la cesión expresa de representación de los agricultores y ganaderos.

"Sinceramente, no sabemos para qué sirven los casi 30 millones de euros anuales que cada año recaudan de los distintos sectores las Interprofesionales desde luego, a la vista de los resultados, no para que los agricultores y ganaderos tengamos mejores precios para nuestros productos", han indicado desde la organización agraria.