UGT ha denunciado que en los últimos diez años la ocupación en la Administración General del Estado (AGE) se ha reducido en 43.477 empleados, lo que supone un 18% de destrucción de empleo en el sector, según el sindicato.

En concreto, desde enero de 2010 hasta enero de 2020 se han reducido en 43.451 efectivos los trabajadores de ministerios, organismos autónomos y áreas vinculadas, en 1.132 los de las agencias estatales, y solo se han incrementado en 1.106 los de las instituciones sanitarias de Seguridad Social o Defensa.

UGT ha destacado la evolución a la baja de los efectivos en la Seguridad Social, de 6.553 personas, que suponen más del 20% y que, además de gestionar procedimientos como las pensiones, los recursos económicos y la administración financiera del sistema, también son claves para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En los últimos diez años, los efectivos de la Seguridad Social han pasado de rondar los 30.462 trabajadores en 2010 a los 23.909 funcionarios este año. "La destrucción de empleo ha ido evolucionando hasta dejar uno de los sistemas que sirvieron como ejemplo de eficiencia en una queja continua de los ciudadanos por su progresiva decadencia en la atención que demandan", ha remarcado.

Para el sindicato, esta "demolición" de la AGE se debe a que no se han cubierto las plazas de los empleados que se han ido jubilando, por prescindir de los funcionarios interinos y por externalizar numerosos servicios a la empresa privada.

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha resaltado que ha propuesto reiteradamente a Función Pública que realice una planificación a largo plazo en el empleo público, que permita una racionalización de los recursos que conlleve una adecuación "racional" entre los objetivos y los medios personales necesarios para su consecución.

El sindicato cree que esta planificación se debe ajustar de manera previsora, a un coste razonable y en coordinación con los criterios de política económica, el personal disponible a las necesidades que en cada momento necesite la AGE.

Asimismo, ha denunciado que el retraso en las convocatorias o, una vez superados los procesos selectivos, la demora en realizar los nombramientos, están ralentizando la incorporación de los funcionarios.

"En peor situación se encuentran quienes han superado los procesos de promoción interna y no se les facilita el nombramiento teniendo que esperar a que tomen posesión los que han superado las pruebas por acceso libre", ha añadido.

En concreto, del total de plazas ofertadas en la AGE para 2018 (11.166), se encuentran en proceso 10.440 y solo han finalizado el procedimiento 621. Respecto a las de 2019, del total de 16.364 plazas ofertadas para la AGE, no se ha totalizado ningún procedimiento y solo 5.209 están en proceso.

LOS MAYORES DE 50 AÑOS SUPONEN EL 45,8% DEL TOTAL DE LA AGE

UGT también ha resaltado que otro efecto negativo derivado de la reducción de plantillas es el envejecimiento de los empleados públicos. De hecho, entre enero de 2010 y febrero de 2020 el porcentaje de trabajadores que son mayores de 50 años ha pasado del 34,3% al 45,8%.

Por ello, ha alertado de que existe un riesgo de "colapso" en los servicios públicos de la AGE, "que afecta gravemente a los derechos de la ciudadanía".

Por este motivo, el sindicato ha propuesto que se cree un plan de ordenación de recursos humanos con miras a diez años, que se aceleren la ejecución de las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 y que se inicie "de inmediato" la negociación para la oferta de empleo público de este año.