El Tribunal de Cuentas considera "cuestionable" que una sociedad pública como Sepides, filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se dedique a competir en el mercado de alquiler.

"Resulta cuestionable que una parte relevante de la actividad de una sociedad estatal consista en competir con las empresas privadas en el mercado inmobiliario de arrendamiento", asevera el Tribunal en sus conclusiones del 'Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión de los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias de Sepides, ejercicios 2016 y 2017'.

Sepides (SEPI Desarrollo Empresarial) es una sociedad mercantil estatal cuyo accionista único es la SEPI, y a su vez es cabecera de un grupo empresarial consolidado en el que se incluyen seis sociedades estatales dependientes (participadas en más del 50% de su capital social) y cinco empresas asociadas en cuyo capital Sepides participa en porcentajes que oscilan entre el 20% y el 50%.

En su informe de fiscalización, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas destaca la ausencia de un inventario único, detallado y completo de los bienes de su titularidad, con datos sobre el detalle de los grandes elementos que lo integran, su valoración, su situación actual de explotación, los ingresos que se generan y datos técnicos que definan los bienes.

A 31 de diciembre de 2017, el valor neto contable de sus inversiones inmobiliarias ascendía a un total de 202,5 millones de euros, de los cuales 171,4 millones correspondían al valor de las inversiones y 31,1 millones al de las existencias.

Los activos con una mayor valoración son edificios de oficinas, con un valor neto conjunto de 162 millones de euros, con unos deterioros contabilizados sobre las inversiones inmobiliarias y las existencias de 24,8 millones, todos ellos justificados con tasaciones de empresas ajenas a Sepides.

ALQUILER DE VIVIENDAS SIN APENAS RENDIMIENTO

Por otro lado, Sepides dispone de 127 viviendas (96 arrendadas y 31 disponibles) distribuidas en diferentes promociones para su arrendamiento, y que en 2017 generaron ingresos por únicamente 31.451 euros, como incide el propio Tribunal de Cuentas. Estos contratos, en su mayoría, arrastran una gran antigüedad y fijan condiciones de renta de cuantía mínima.

Asimismo, subraya, presentan adicionalmente "problemas de falta de información y control sobre la situación real y tenencia de dichos bienes". "El volumen de ingresos que generan estos activos se puede considerar inmaterial frente a los recursos necesarios para su gestión", apostilla.

En sus recomendaciones argumenta que, dado que los costes de la gestión de estas viviendas exceden en la mayoría de los casos los rendimientos obtenidos, sería "conveniente" que Sepides analice la situación particular de cada uno de los edificios y se desprenda de ellos a través de su enajenación o la firma de un convenio con entidades locales autonómicas competentes en materia de vivienda.