El Tribunal de Cuentas acaba de constatar en su último informe el “patrimonio neto negativo”, es decir la quiebra técnica, en el que se encuentra la Seguridad Social tras perder 100.000 millones de euros desde 2010. Llueve sobre mojado. Este es uno de los temas sobre los que más estudios se han hecho en los últimos años y todos llegan a la misma conclusión. El sistema de pensiones no es sostenible en España si no se afrontan de una vez cambios de calado. ¿Eso quiere decir que corre riesgo nuestra futura pensión? Los expertos responden que algo cobraremos pero a este paso seguramente no la prestación que nos corresponde. En otras palabras las rentas no serán de la cuantía esperada, no reflejarán todo lo que hemos cotizado.

A nadie se le escapa que el sistema se enfrenta a amenazas muy serias. La principal, el factor demográfico. El Informe Anual del Banco de España recuerda que se empieza a jubilar la generación del baby boom, la esperanza de vida aumenta y los índices de natalidad bajan. Es un fenómeno imparable. La pirámide poblacional comienza a parecerse a una peonza y eso es una bomba de relojería. Aquí y en toda Europa. En nuestro país se pagan ahora mismo 9,7 millones pensiones. La factura mensual supera los 9.600 millones de euros. Es el doble en junio y en diciembre, cuando se pagan las extra. Son números que no han parado de aumentar en los últimos años y lo seguirán haciendo. No hay mucho margen de maniobra. Sí lo hay en cambio a la hora de tomar decisiones políticas. Y el problema es que las últimas que se han adoptado no han ido precisamente por el buen camino. Han contribuido a cebar un poco más el agujero de la Seguridad Social. Déficit que el año pasado, recuerdo, llegó a los 18.000 millones de euros.

La reforma del PP saltó por los aires con el consenso general. Ahí sí lo hubo. Primero se metió en el cajón el factor de sostenibilidad con el que se iban a equilibrar las cuentas. Al mismo tiempo se decidió volver a ligar las pensiones a la inflación. Eso nos sale muy caro. En las últimas horas un estudio de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha sacado la calculadora. Concluye que subirlas cada año de manera permanente en un función de un IPC del 2% costaría unos 327.000 millones de euros en las próximas dos décadas. Sobran los comentarios. Otro dato que no ayuda al optimismo. La pensión media en España no para subir. La de jubilación está en los 1.137 euros pero la de los nuevos, los que se retiran ahora, supera ya los 1.400 euros. Cobran casi 200 euros más que los recien contratados.

Desde luego asegurar las pensiones no va a ser fácil. El reto es ya de tal magnitud que no basta con tocar una palanca. Hay actuar tanto en los ingresos como en los gastos y sobre todo coger el toro por los cuernos de una vez. Con valentía. Los políticos no tienen excusa pasadas las elecciones porque cuanto más tiempo pase será más difícil -el votante medio envejece- y las decisiones, más impopulares. Quizá ya no baste con retrasar la edad efectiva de jubilación o calcular la pensión con toda la vida laboral. Es hora de que el Pacto de Toledo se ponga las pilas y haga su trabajo. Sin parches, sin medidas cortoplacistas y populistas. Tenemos que pensar en las generaciones futuras que también tienen derecho a recibir lo que les corresponde. Los expertos mantienen que nuestras pensiones en este momento son generosas, que la tasa de reposición (la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión) es muy alta. Los estudios revelan que nuestros jubilados cobran un 30% de lo que han cotizado pero ¿alguien quiere renunciar a ello?