La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado hoy que la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, y el instrumento que la hará posible, la Ley de movilidad sostenible, son "enormes oportunidades" para el tejido productivo y el fomento de la innovación en España.

En el VIII Foro Industrial de El Economista ha recordado que tiene previsto llevar antes de final de año ambas normas al Consejo de Ministros para su aprobación.

Según ha explicado, ha llegado la hora de impulsar una industria inteligente, renovadora y sostenible, de la que ha dicho que su peso en España está "lejos" del 20 % que la Unión Europea se fijó para 2020.

En su opinión, se tienen los "mimbres necesarios" para que el sector industrial se enfrente "con garantías" al reto que supone la transición hacia una economía neutra en carbono.

Como ejemplos ha puesto las "magníficas" infraestructuras físicas y digitales con las que cuenta España y que han hecho posible que el acceso a internet sea generalizado y se ocupe el primer lugar de Europa en cuanto a cobertura de fibra óptica y seamos líderes en el lanzamiento de la tecnología de comunicación 5G.

Para la ministra las empresas industriales españolas ya han empezado a comprobar que la digitalización redunda en ingresos y en una fuerte reducción de costes.

Al respecto, ha destacado que, según distintos estudios, el impacto de esta reinvención digital, en la que se ha de embarcar a pymes y autónomos, podría alcanzar un valor anual equivalente al 1,8 % del PIB hasta 2025.

Para ello -ha reiterado- España cuenta con la "excelencia" de infraestructuras físicas que le permiten contar con uno de los mejores sistemas de transporte y ser el país europeo con más kilómetros de vía de alta capacidad y, tras China, encabezar la alta velocidad a nivel mundial.

Lo que toca ahora -ha defendido- es poner el énfasis en la "eficiencia, la sostenibilidad, en la seguridad y la cohesión social y territorial", para lo que están ultimando desde su Ministerio las citadas normativas.

De la futura Ley de movilidad sostenible ha precisado que entiende la movilidad como un derecho para la autonomía personal, la cohesión social y el desarrollo económico; aborda la planificación de infraestructuras en función de su rentabilidad social y la financiación necesaria para su conservación; impulsa la digitalización y automatización; y regula el uso de datos abiertos para no frenar la innovación, salvaguardando la privacidad de los usuarios, entre otros elementos.

A su juicio vincular la movilidad a la protección del medio ambiente y al crecimiento económico no es una "contradicción" y se consigue con transportes más eficientes e inteligentes, impulsado los modos menos contaminantes como el ferrocarril (que recibirá unas inversiones de 6.700 millones de euros de los Presupuestos de 2022) para el transporte de mercancías y personas, el transporte público y el coche compartido en las ciudades, desplegando puntos de recarga eléctricos y promoviendo la intermodalidad.

La ministra ha concluido su intervención recordando que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo requerirá de entre 1,7 y 3,4 billones de euros hasta 2030 y permitirá generar más de 380 millones de puestos de trabajo.