Un total de 712.000 hogares están acogidos al nuevo bono social eléctrico a poco más de dos semanas de que finalice el plazo para que quienes disfrutaban de este bono, dirigido a los consumidores más vulnerables, puedan seguir haciéndolo en base a los nuevos requisitos socio-económicos.

No obstante, las previsiones que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica apuntan a que 1,4 millones podrán beneficiarse de este mecanismo regulado, que busca proteger a los consumidores con menores posibilidades económicas. Además, hay que tener en cuenta que hay cerca de 4,6 millones de personas que sufren pobreza energética, según los datos del departamento dirigido por Teresa Ribera.

Los beneficiaros del antiguo bono social tienen de plazo hasta el próximo ocho de octubre para acreditar la condición de consumidor vulnerable. Mientras tanto, siguen disfrutando del bono social aunque no cumplan los nuevos criterios.

Para facilitar este proceso, el Ministerio inició este martes una campaña que, inicialmente, finalizará el próximo 31 de septiembre.

El anterior Gobierno aprobó en octubre del año pasado un real decreto modificando las condiciones y criterios para acceder al bono social, un descuento que se hace sobre la factura eléctrica para proteger a los colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables.

El bono social lo puede solicitar el consumidor que cumpla los requisitos y que contrate o tenga contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Con todo ello, el consumidor vulnerable puede acceder al bono social con un descuento del 25 % y del 40 % para aquellos consumidores vulnerables severos.

Para poder beneficiarse, aquellos titulares del contrato de electricidad de su vivienda habitual deben cumplir alguno de los tres requisitos establecidos, que van en función de la renta (con criterios específicos para las personas en situación de discapacidad o víctimas de violencia de género o terrorismo), del tipo de familia (numerosa) o de la pensiones mínimas recibidas.

El bono social, creado en 2009, fue reformado después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria.

Para poder hacer frente a la subida de la luz, que en las últimas semanas ha marcado nuevo máximos anuales, el Gobierno anunció ayer la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica para dejarlo a un tipo "prácticamente cero", y la revisión del bono social eléctrico con la creación de uno nuevo para calefacción.

Con ello, señaló ayer Ribera, este próximo invierno no habrá consumidores que no puedan calentar suficientemente sus hogares, como les ocurría en 2016 a 4,6 millones de personas, una gran parte de los cuales eran hogares monoparentales y personas mayores.

Adicionalmente, antes de seis meses el Gobierno tiene previsto presentar una estrategia contra la pobreza energética, y ya ha expresado la intención de incrementar los límites actuales de renta para tener derecho a los descuentos del bono social, dentro del cual se contemplará expresamente a las familias monoparentales y se introducirán criterios de protección a la infancia.

La Plataforma del Tercer Sector ha emplazado al Ejecutivo a crear un bono social para hacer frente a las situaciones de pobreza energética y al incremento del precio de la electricidad.

Desde Podemos valoran que se reforme el bono social eléctrico y tachan de "fracaso" el actual, mientras que UGT propone mejoras para que más familias se puedan acogerse a él con mayores descuentos.