El SEPE tiene que pagarle casi 9.000 euros por cobrar durante tres años un subsidio menos ventajoso por la carencia genérica

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Servicio Público de Empleo (SEPE) a abonar 8.937 euros a una mujer de Lanzarote. La razón es haberle denegado el subsidio para mayores de 52 años, que era el más ventajoso para ella, y concederle durante casi tres años una prestación de cuantía inferior. La decisión judicial considera que el cálculo de las cotizaciones que se le aplicó fue discriminatorio por su condición de trabajadora a tiempo parcial, lo que marca un hito en la lucha contra la brecha de género en las prestaciones sociales y determina cuál es la ayuda más beneficiosa.

Un laberinto judicial por el cálculo de la cotización

El caso se inicia en marzo de 2019, cuando la trabajadora, con tres hijos a cargo, solicitó el subsidio para mayores de 52 años. El SEPE se lo denegó, apoyándose en informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que concluían que no cumplía el requisito de carencia genérica, es decir, el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación.

A consecuencia de esta denegación, se le reconoció el subsidio por desempleo con cargas familiares, cuya cuantía era de 5,64 euros diarios, muy inferior a los 15,44 euros diarios que le habrían correspondido. Esta situación se prolongó hasta diciembre de 2021, cuando, tras una nueva solicitud, el INSS certificó que sí cumplía los requisitos y se le concedió la prestación correcta. Fue entonces cuando decidió reclamar las diferencias adeudadas.

La reclamación inicial fue desestimada en primera instancia por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Arrecife, que la consideró extemporánea. Sin embargo, el TSJ de Canarias ha revocado esta decisión, priorizando la necesidad de reparar una situación de discriminación, en la que se enmarcan otras ayudas como las que pueden cobrar las amas de casa mayores de 52 años.

La perspectiva de género, clave en la sentencia

La sentencia del TSJ de Canarias se fundamenta en la discriminación indirecta por razón de sexo. El tribunal recuerda que el sistema de cálculo de cotizaciones para trabajadores a tiempo parcial, basado en un coeficiente de parcialidad, fue declarado nulo tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2019 como por el Tribunal Constitucional español. La razón es que este sistema penaliza mayoritariamente a las mujeres, que representan el 73,6% de las personas ocupadas a tiempo parcial.

La nulidad del sistema de cálculo a tiempo parcial debe aplicarse a las relaciones jurídicas nacidas antes de la sentencia europea"

Los magistrados han aplicado la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas. Al tratarse de una normativa declarada discriminatoria, el tribunal establece que "la nulidad del sistema de cálculo a tiempo parcial debe aplicarse a las relaciones jurídicas nacidas antes de la sentencia europea". Esto anula el argumento de la prescripción y garantiza una reparación integral, ya que el objetivo es asegurar que los padres y madres tengan salarios que les permitan vivir con suficiente holgura.

Reparación íntegra y con efecto retroactivo

El fallo del TSJ rechaza limitar la retroactividad a tres meses, como establece el artículo 53 de la Ley General de la Seguridad Social para nuevas prestaciones. Argumenta que no se trata de una ayuda nueva, sino de la modalidad correcta de un subsidio ya existente. Por tanto, se reconoce el derecho de la trabajadora a percibir la prestación en su cuantía correcta desde el 27 de marzo de 2019.

Como resultado, el SEPE ha sido condenado a abonarle los 8.937,60 euros correspondientes a las diferencias que dejó de percibir entre el 27 de marzo de 2019 y el 13 de diciembre de 2021. La sentencia obliga así a una reparación completa del perjuicio causado por la aplicación de una normativa discriminatoria.