El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar el 14 de abril al exministro de Industria Miguel Sebastián y el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas como testigos por los encargos del BBVA al excomisario José Villarejo.

Según ha avanzado este miércoles La Información y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el magistrado ha emplazado para el próximo miércoles a ambos, que figuran como perjudicados por los presuntos trabajos de espionaje que el excomisario habría realizado para la entidad.

El origen de las pesquisas sobre la "operación Trampa" se remonta a 2004, cuando el BBVA habría encargado supuestamente estas tareas al grupo Cenyt, epicentro empresarial de Villarejo, a fin de frenar el intento de la constructora Sacyr de tomar el control del banco.

Entre las labores prestadas, por las que la entidad supuestamente desembolsó unos cinco millones de euros entre 2004 y 2005, estaría el seguimiento de políticos, empresarios y periodistas, a los que además se habría intervenido hasta 15.000 llamadas telefónicas.

En el listado aparecerían, entre otros, Sebastián y Arenillas, que solicitaron al juez su personación como perjudicados en la causa.

Para ese mismo día están previstas las comparecencias como perjudicados del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, del exvicepresidente del BBVA José Domingo de Ampuero, y del que fuera director general adjunto del banco Vicente Benedito Francés.

Asimismo declarará, aunque como investigado, el inspector jefe de Policía jubilado Constancio Riaño, después de que el juzgado tuviera que modificar la citación inicial al coincidir con el acto de conciliación entre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y Villarejo, que se celebrará el martes en Móstoles.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación del BBVA y de quien fuera su presidente Francisco González en un procedimiento en el que ya figuraban como investigados otros exdirectivos como el exjefe de seguridad Julio Corrochano, el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por el BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".

Argumentos que retomaron los fiscales en su último informe, en el que recordaba que, a tenor de los investigadores, la factura de los "múltiples" servicios prestados por Cenyt al BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.