El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado remitir la documentación recabada sobre los pacientes afectados por el cierre de las clínicas iDental a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe "ilícito penal".

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, Gobierno y autonomías han acordado también recordar a las entidades financieras y no financieras que no deben seguir cobrando los créditos vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido los tratamientos en cumplimiento de la Ley de Contratos de Créditos al Consumo.

Las autoridades de consumo de las comunidades autónomas continuarán con su compromiso de informar y asesorar a los pacientes afectados por el cese de actividad de iDental.

Los acuerdos se adoptaron ayer en la Comisión de Cooperación de Consumo, presidida por la directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), a la que acudieron los directores generales de las comunidades autónomas con competencias en consumo.

En el encuentro se analizaron las medidas adoptadas por las autoridades de consumo autonómicas por el cierre de las clínicas iDental y se adoptó una estrategia coordinada.