La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves, respecto a las propuestas de reformas fiscales que baraja el Ejecutivo, que "este Gobierno no está pensando en ningún tipo de impacto regresivo para las personas trabajadoras o las personas de renta media".

Ribera, que ha presentado las líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que afectan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha comentado, con relación al pago por el uso de carreteras, que en un buen número de países del entorno de España se ha identificado un mecanismo específico de pago por uso de infraestructuras.

La también vicepresidenta cuarta del Gobierno ha recordado que este debate no es nuevo y que se ha suscitado con anterioridad en España, y ha aclarado que esta medida "no está definida ni es de aplicación inmediata" y ha asegurado que no llegará a materializarse "hasta tanto no tengamos asentada la recuperación", así como las respuestas para los colectivos afectados que "necesiten algún tipo de matiz".

Ha señalado que España tiene, como el resto de países miembros de la Unión Europea (UE), la necesidad de "buscar sistemas de consolidación fiscal en el medio plazo", si bien ha aclarado que "no es algo que esté terminado".

Según Ribera, aunque en los componentes 28 y 29 del Plan de Recuperación "aparecen algunas de las medidas y reflexiones en torno a la modernización del sistema fiscal", en la propia propuesta se dice que la reflexión de conjunto en este momento la está haciendo el grupo de expertos fiscales creado en el Ministerio de Hacienda, cuyas conclusiones se esperan para febrero de 2022.

"Necesitamos contar con un sistema fiscal justo que nos permita financiar los servicios públicos y garantizar ese papel de redistribución y beneficio social para todos", ha dicho Ribera, que ha añadido que "desde luego este Gobierno no está pensando en ningún tipo de impacto regresivo para las personas trabajadoras o las personas con renta media".

Respecto a otros posibles impuestos, como el del transporte aéreo, ha señalado que su ámbito de debate es más amplio que el nacional y, aparte del que hay en el grupo de expertos fiscales, también se desarrolla en Europa y por tanto, se contarán con dos reflexiones "para poder tomar decisiones a partir del año que viene".

En cuanto a las reformas que atañen directamente a la fiscalidad ambiental, ha señalado que está también pendiente de las recomendaciones del grupo de expertos, pero el objetivo es tener una "fiscalidad verde que nos aproxime a los estándares medios de los países de la OCDE".

LAS GRANDES EMPRESAS Y EL PLAN DE RECUPERACIÓN

Por otro lado, respecto a los potenciales beneficiarios de los fondos europeos ha indicado que el Plan de Recuperación "no es un fondo para grandes empresas", aunque la empresas energéticas más grandes han presentado en las manifestaciones de interés proyectos muy numerosos y por un importe muy elevado.

Según Ribera, ello no significa que finalmente vayan a ser los destinatarios y por el importe que han solicitado, y ha indicado que a lo que aspira el Gobierno es que esos fondos permitan beneficiarse a todos en su vida cotidiana, en cuestiones como la movilidad, la vivienda, las comunidades energéticas locales o el saneamiento de aguas, aunque eso no significa que algunos proyectos, por su complejidad, tengan como protagonistas a grandes empresas.

Por otro lado, ha indicado que en las convocatorias para acceder a fondos que se hagan de forma territorializada a través de las comunidades autónomas se incorporará, como se ha hecho por ejemplo en las de ayudas a la movilidad eléctrica del Plan Moves, la redistribución de los fondos que no consuman algunas a las que ya los hayan agotado.

En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), ha indicado que, en principio, el Gobierno baraja que haya pocos, cinco o seis como mucho, y el primero ha sido el de la cadena de valor de la movilidad eléctrica.

También ha dicho que en el caso de las renovables innovadoras, el almacenamiento y el hidrógeno también se quiere buscar un mecanismo conjunto, pues al ser algo más innovador va a requerir la participación de grandes empresas, aunque el ministerio quiere también que haya centros de innovación y pequeñas empresas.

Por otra parte, Ribera ha comentado que su ministerio gestiona 15.339 millones (el 22 %) del Plan de Recuperación, de los que 10.756 millones son para transición justa e inclusiva, y 4.583 millones para infraestructuras y ecosistemas resilientes.

En cuanto a las muestras de interés presentadas relacionadas con su departamento, ha indicado que a electromovilidad se han presentado 538 propuestas por un volumen de inversión de 32.000 millones, de los que un 68 % son de empresas y un 24 % del sector público.

En el caso del hidrógeno son 502 propuestas, con un volumen de inversión de 10.000 millones; en comunidades energéticas locales 459 propuestas; en proyectos de energía sostenible en islas 712, en renovables más de 1.000; en infraestructuras, redes y almacenamiento 517 (158 de empresas y 64 de entidades públicas) y en economía circular en el ámbito de la empresa 1.224. EFE