En los once primeros meses de 2022 fallecieron un total de 770 trabajadores en accidentes laborales, un 18,6% más que en el mismo periodo de 2021. Son datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Todavía falta por contabilizar el mes de diciembre, pero se da por seguro que superarán los 800 fallecidos durante 2022. Una cifra que supondría el número más alto de fallecidos en los últimos 13 años, aunque lejos de los datos de 2008, cuando se contabilizaron 1.065 personas fallecidas por siniestralidad laboral.

La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento. Todo ello derivado de la pandemia. En COPE hemos hablado con Rubén Rodríguez Elizalde, experto en riesgos laborales y profesor de la Universidad Europea, quien ha explicado que “la pandemia nos ha cambiado la vida, la sociedad está cambiando y con ella se está viendo arrastrado todo: el mercado laboral, los medios productivos, etc. Y si evolucionan demasiado rápido la prevención se queda un poco descolgada”. Estos cambiamos han llevado “a que muchos tengan estrés postpandemico lo que ha influido en el incremento de accidentes laborales, sobretodo los relacionados con infartos y derrames cerebrales”, añade el experto.

La gran mayoría de los accidentes mortales se produjeron durante la jornada de trabajo, 634 casos, lo que supone un incremento respecto a 2021 del 19,4%. Aunque también ha habido un incremento del 15,3% de los siniestros mortales “in itínere”, es decir, aquellos que se produjeron en el traslado hacia y desde el puesto de trabajo. Asimismo se incrementaron los accidentes con baja laboral en un 10,8%.

Un accidente laboral no deja de suponer una alteración del ritmo de trabajo y eso, evidentemente, genera costes a todas las partes implicadas. Los más importantes son los daños físicos y psicológicos, así como las secuelas, que se generan tanto al accidentado como a su familia. Pero no solo. Las empresas también tienen que soportar unos costes. “Algunos son medibles, como los costes salariales directos, las pérdidas de negocio o los daños materiales causados por el accidente. Pero hay otros tantos que no se pueden cuantificar porque afectan al valor real de la empresa a la que pertenece el trabajador accidentado. Por ejemplo, el valor de la marca empresarial, la imagen proyectada por la empresa o la satisfacción de sus clientes”, cuenta Rubén Rodríguez Elizalde. “Y estos costes son extrapolables a las arcas públicas y a la Administración Pública porque en el momento en el que hay un trabajador accidentado ellos deben de ayudar y socorrer para paliar esa desagradable situación”, añade.

Para evitarlos las empresas deben estudiar los riesgos para así poder actualizar sus medidas de prevención. Pero la prevención es cosa de dos. “De nada sirve que las empresas adopten medidas adecuadas y eficaces que luego los trabajadores no van a cumplir o no van a utilizar adecuadamente”, expresa Rodríguez Elizalde. Además, las autoridades públicas deben velar por el mantenimiento de unas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Tienen en sus manos asegurarse de que las campañas de sensibilización lleguen a donde deberían. Y dotar de medios suficientes a los Inspectores de Trabajo para así cumplir con su deber de control y vigilancia.