En el punto primero del preacuerdo firmado el pasado martes entre Sánchez e Iglesias se habla de “combatir la precariedad laboral y garantizar trabajo digno, estable y calidad”. No alude a una contrarrereforma del mercado laboral pero nadie duda que habrá cambios en la legislación si al final el Gobierno entre PSOE y Podemos es una realidad. Por eso desde ese día se han multiplicado las llamadas de las empresas a los despachos de abogados. Temen cambios en las condiciones de trabajo, un endurecimiento del despido o el impacto de una previsible subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros al mes al final de esta legislatura. Esta situación puede parar posibles aumentos de plantilla o al contrario, adelantar ajustes, más con el frenazo económico en el que estamos.

“Hay mucha preocupación, sin duda”, asegura a COPE Martín Godino, socio director de Sagardoy. Reconoce que “es el principal tema de conversación de los clientes con los que me reúno en los últimos días porque no hay una idea clara de por dónde pueden ir las modificaciones en materia laboral”.

Efectos “catastróficos”

Hasta ahora el PSOE se ha mostrado dispuesto a derogar los “aspectos más lesivos” de la última reforma del mercado de trabajo, la de Rajoy, para volver a dar prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa o recuperar la ultraactividad. Siempre lo ha dicho aunque la realidad es que desde que Sánchez está en Moncloa no se ha atrevido a dar ese paso a pesar de la presión de los sindicatos. El problema es que Podemos quiere ir más lejos. Defiende cambios en la regulación de las medidas de flexibilidad interna, en las condiciones de trabajo (salarios, jornada, movilidad geográfica) y externa (extinción de contratos por despido individuales y colectivo). Por ejemplo una de las modificaciones que más inquieta es que se endurezca el despido, que vuelva a la autorización obligatoria de la autoridad laboral en los ERE.

Godino asegura que volver al marco anterior a 2012 “sería catastrófico para las empresas y la creación de empleo”. “Dar ahora una mensaje de que la legislación laboral española vuelve a la casilla de salida y por tanto vuelve a ser la más rígida de cualquiera de los países de nuestro entorno, sería demoledor para las inversiones extranjeras y la puesta en marcha de proyectos empresariales en España”, asegura este experto. Cree que añadir ahora incertidumbre al mercado de trabajo, en plena desaceleración económica, puede afectar a decisiones de inversión y de contratación por parte de las empresas.